Los datos revelados son demoledores: 17.800 millones de euros en pérdidas; más de 306.000 personas afectadas, de las cuales 242.000 pertenecían a colectivos vulnerables; 64.100 empresas golpeadas con daños por valor de 11.600 millones de euros, 275.000 trabajadores impactados, 11.242 viviendas dañadas y 40 millones en pérdidas por la cancelación de eventos.
Estas cifras forman parte del diagnóstico preliminar del Plan de Recuperación y Reconstrucción, coordinado por la Vicepresidencia Segunda de la Generalitat Valenciana y elaborado por equipos técnicos multidisciplinares. Se trata de la radiografía más detallada realizada hasta la fecha sobre una catástrofe ambiental en la provincia. El informe desglosa el impacto en cinco grandes ejes: personas, infraestructuras, tejido empresarial y económico, medio ambiente y tejido social y comunitario, permitiendo comprender no solo la magnitud del daño, sino también su profundidad estructural.
En el ámbito humano, las cifras son estremecedoras: 224 fallecidos y 3 desaparecidos, además de más de 306.000 personas afectadas. La tragedia golpeó con especial dureza a los colectivos más vulnerables: 96.000 personas mayores, 60.000 migrantes, 59.000 niños y adolescentes y 85.000 personas con discapacidad sufrieron directamente las consecuencias de la dana. Además, 117.000 personas necesitaron atención médica tras la catástrofe, mientras que 37.000 fueron rescatadas en operaciones de emergencia, muchas de ellas en condiciones extremas
El drama no termina ahí. A cinco meses del desastre, más de 6.000 ascensores siguen inutilizados, dejando atrapadas en sus casas a miles de personas con movilidad reducida.
El impacto en las infraestructuras fue devastador. Según el informe, los daños superaron los 1.800 millones de euros y afectan a más de 800 kilómetros de carreteras destruidas (360 millones en pérdidas); 550 kilómetros de vías ferroviarias dañadas (315 millones), 380 puentes afectados; 350 kilómetros de cauces de ríos perjudicados; dos presas afectadas (Forata y Buseo); 123 estaciones de depuradoras dañadas; y dos estaciones de tratamiento de agua potable inutilizadas.
La dana también dejó más de 141.000 vehículos destrozados, de los cuales el 85 % ya han sido declarados siniestro total. La movilidad personal quedó colapsada, con el transporte público desbordado durante semanas y miles de personas sin alternativas para desplazarse.
El daño económico fue igualmente demoledor. Más de 64.100 empresas vieron su actividad interrumpida o reducida, con pérdidas en activos valoradas en 11.600 millones de euros. Además, 275.000 trabajadores fueron afectados, con 33.000 en ERTE y 374 despidos a través de ERE.
El informe estima que la dana ha supuesto un retroceso de entre 300 y 1.600 millones en el PIB del cuarto trimestre de 2024, además de un aumento del 0,15 % en el Índice de Precios al Consumo (IPC) a largo plazo.
En el ámbito medioambiental, la dana generó daños por más de 100 millones de euros, a lo que se suman 299 millones en gestión de residuos. Se retiraaron más de 13.000 toneladas de cañas y miles de toneladas de residuos derivados de los vehículos destruidos y materiales arrastrados por el agua.
El golpe al tejido social fue también significativo. Las pérdidas incluyen: 20 millones en daños a asociaciones culturales; 10 millones en clubes deportivos e infraestructuras recreativas y 40 millones en pérdidas por cancelaciones de eventos y actividades festivas.
Más allá de los daños materiales, la dana evidenció un grave fallo estructural en el sistema de emergencias. El informe denuncia que la normativa en materia de protección civil es excesivamente fragmentada, con múltiples niveles de alerta sin coordinación efectiva entre administraciones. «En España, los ciudadanos están expuestos a sistemas de alerta distintos para riesgos nucleares, meteorológicos, sísmicos, maremotos, incendios forestales, inundaciones y accidentes químicos. Cada uno opera bajo su propia normativa y niveles de activación, lo que provoca confusión en los cuerpos de emergencia y en la población», se señala.
El informe destaca que faltan protocolos unificados que permitan una reacción ágil y eficaz ante catástrofes. Además, advierte que existe una carencia estructural de formación en cultura de emergencias: muchas personas no saben cómo actuar ante las alertas, lo que agravó el impacto del desastre. Por ello, el diagnóstico recomienda una reforma integral del sistema de emergencias que incluya programas educativos, simulacros y campañas de concienciación, además de una simplificación normativa que garantice respuestas más rápidas y coordinadas.
Durante la presentación del informe, el presidente de la Generalitat Valenciana, Mazón, ha exigido que la reconstrucción se aborde como «una cuestión de Estado», reclamando la implicación del Gobierno central y de la Unión Europea. Mazón ha insistido en la necesidad de «una total coordinación y suma de esfuerzos entre los tres niveles de la Administración: Gobierno-Unión Europea, comunidad autónoma y entidades locales». También ha anunciado que el vicepresidente segundo comparecerá en el Parlamento autonómico para recabar el apoyo de todos los grupos políticos y ha solicitado la implicación de la sociedad civil para «dirigirnos al presidente del Gobierno y obtener su compromiso económico y de máxima coordinación».
El jefe del Ejecutivo valenciano ha defendido que, a pesar de la infrafinanciación autonómica, la Generalitat «ha movilizado 1.853 millones de euros junto con los más de 2.000 millones consignados en el proyecto de Ley de Presupuestos» entre distintas líneas de ayuda y contratos de reparación.
En total, el gobierno valenciano ha movilizado hasta la fecha 949 millones en ayudas —de las cuales el 50 % ya han sido abonadas— y ha ejecutado el 61 % de los contratos de reparación por un valor de 557 millones de euros de los 909 comprometidos.
