En declaraciones a Servimedia, la directora de Estudios de Fotocasa, Matos, señaló que dado el impacto que tuvo la vivienda y los anuncios realizados por el Ejecutivo en esta cuestión durante la campaña se puede concluir que “el rechazo a la nueva ley ha tenido un peso importante en el resultado de las elecciones”. Por su parte, el director de Estudios de Pisos.com, Font, indicó en declaraciones a Servimedia que el escenario previo a los comicios ya generaba “muchas dudas” como consecuencia del “poco consenso político” con el que nacía la norma en el Congreso, que recibió 176 votos a favor.
Aunque la norma es de aplicación nacional, las comunidades autónomas tienen la competencia de pedir la declaración de zonas tensionadas en regiones de su territorio, paso previo imprescindible para introducir los controles de precios del alquiler a pisos de grandes tenedores o nuevas viviendas de pequeños propietarios. También tienen la potestad de rebajar de 10 a cinco el número de viviendas en propiedad en zona tensionada necesarias para ser considerado gran tenedor.
No obstante, otras cuestiones como los límites a las subidas anuales del alquiler (2% este año, 3% en 2024 y a partir de un nuevo índice que creará el INE en 2025), la calificación permanente de las viviendas protegidas o la obligación de que sean los propietarios quienes paguen los honorarios de las inmobiliarias están vigentes en todo el territorio.
Ambos portales señalaron que la región que más opciones tiene de aplicar las medidas autonómicas es Cataluña. Matos subrayó que esta comunidad autónoma ya ha tenido limitación de precios y obligatoriedad de reserva de vivienda social en nuevas promociones que han causado “efectos muy perjudiciales” como “la reducción de la oferta en alquiler más asequible, o la fuga de inversores y paralización de nuevas promociones en la zona”.
Por su parte, Font indicó que esta situación provocará “diferencias entre territorios” con lo que también redistribuirá “el interés de los constructores de vivienda de alquiler en invertir en un mercado u otro” y, como consecuencia, podría aumentar “aún más el desequilibrio entre oferta y demanda actual”. El director de Estudios de Pisos.com concluía que uno de los grandes riesgos de la norma y el “poco consenso” con el que nació es que una materia “tan importante” como la vivienda “adquiera un carácter tan partidista que provoca el cambio de legislación” cada vez que haya un cambio en el Ejecutivo.
En la misma línea, Matos indicó que es “perjudicial” que la aplicación de una ley “dependa del resultado de unas elecciones”, ya que la imagen del sector que se extrapola de cara al exterior es de “desconfianza”, lo que a su vez genera “inseguridad jurídica en el mercado” y “un desincentivo a la ampliación de la oferta y a la atracción de inversión”.
