Y con ello entretenían a los lectores mientras el cálido verano entraba en su fase mas calurosa y plomiza a la espera de que por fin septiembre significase el reinicio de la actividad escolar y laboral en todo su apogeo. Pues bien, en estos momentos la necesidad de contar con unos presupuestos de verdad hace que el Gobierno se entretenga en enseñar la esquinita del informe presupuestario cada semana si, cada semana, no. Todo depende de cuanto aprieten sus socios, o que nivel de exigencia de cumplimiento de fechas en la presentación ante Bruselas de los citados PGE anuncie la Comisión europea.
Y es que los pasos que faltan por dar son mas significativos de lo que la señora Montero quiere reconocer. Pero por ejemplo, su Ministerio, es decir Hacienda tiene pendiente volver a llevar al Congreso la senda de estabilidad, que fue tumbada en verano por el rechazo de Junts, PP y Vox.
Ante esa situación, desde el Gobierno se insiste una y otra vez en su intención de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2025, tras haber recibido el visto bueno de la Comisión Europea a su Plan Fiscal y Estructural a medio plazo y tras el sudoku de acuerdos con los socios de investidura para sacar adelante la reforma fiscal en el Congreso. Esto, pese a que esas mismas formaciones siguen dejando claro que no cederán sin más en la negociación para sacar adelante las cuentas públicas del año que viene que, en el mejor de los casos, van a entrar en vigor con el ejercicio bien empezado.
En ese contexto se producen constante llamadas a la normalización como cuando Illa, anunció la pasada semana que Cataluña tendrá «pronto» las competencias en inmigración, cuyo traspaso es una exigencia del partido de Carles Puigdemont para justificar su apoyo a las cuentas del Estado.
Mientras desde Podemos insisten en que el Gobierno de coalición no contará con su apoyo al texto si no se produce una ruptura de relaciones con Israel, el embargo de armas al país, una rebaja por ley del 40% de los alquileres o si el Ejecutivo no prohíbe la compra de las vivienda que no vayan a emplearse como residencia, como respaldaron recientemente sus bases por amplia mayoría (89,8%).
Y para no ser menos, el socio Sumar, reta al ala socialista a incorporar a las cuentas su promesa de crear una empresa pública de vivienda, así como la aprobación de una prestación universal por crianza con una cuantía de 200 euros mensuales por hijo a cargo. La primera fue un compromiso de Sánchez durante el Congreos, pero falta flecos importantes.
Pero también desde Bruselas ponen condiciones y exigen cada vez con mas fuerza que se le remita cuanto antes su borrador presupuestario. El Plan Fiscal contenía la hoja de ruta para reconducir la deuda pública a niveles sostenibles en el medio plazo, sin descuidar ni el crecimiento ni las inversiones, pero las medidas concretas a corto plazo se detallan en ese borrador. Fuentes del ejecutivo comunitario dejan claro que ese documento debe obrar en su poder, como muy tarde, un mes antes de que se aprueben los Presupuestos para que tenga tiempo suficiente de valorarlo.
La cuadratura del circulo que suponen estos presupuestos es cada día que pasa mas compleja, y en algún momento todos tendrán que sentarse y pactar o romper la baraja, lo cual serie el final de Sánchez y eso es lo único que dese Moncloa aseguran que no sucederá.
