El vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, y su predecesor, han declarado también este viernes durante dos horas y media, después de que Begoña Gómez se negara a declarar en una investigación abierta por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41, Peinado, los había citado para aclarar extremos sobre la cátedra de Trasnformación Social y Competitiva que codirigía Gómez en la Complutense. A pesar de que la defensa de ella había impugnado estas citaciones por excederse del objeto de la investigación, el magistrado ha decidido seguir adelante a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre este asunto.
Según fuentes presentes en la declaración, se han desmarcado de las facturas con las que se pagó el software que está en el centro de la polémica. La Universidad Complutense remitió un escrito el día 1 de julio al juzgado señalando que no tenían constancia de que Begoña Gómez hubiera registrado una empresa con el mismo nombre del máster en solitario. Los vicerrectores han matizado en su declaración que ellos no se encargan de la facturar.
Además, según un acta de la Universidad Begoña Gómez acudió a la Comisión de seguimiento de la cátedra sólo un día después (el día 2 de julio) de que la Complutense remitiese dicho escrito al Juzgado. En esa reunión ella trató de entregar la memoria justificativa del máster para su aprobación, pero el vicerrector se negó por «prudencia».
Ante el juez Peinado, Coello ha reconocido que prefirió no coger esa documentación porque ya había pasado mucho tiempo desde que se la habían solitiado a Gómez y por esa cautela al haber abierto un procedimiento penal, explican fuentes presentes en el interrogatorio.
El magistrado ha apercibido a las acusaciones populares y les ha advertido que si sigue habiendo filtraciones de las testificales puede imponerles una multa. Ni la Fiscalía ni el abogado de Begoña Gómez han realizado preguntas.
