El documento, que han avanzado El País y elDiario.es, impugna la regularización ante Hacienda realizada en 2021 que la Fiscalía dio por buena y que sirvió para cerrar la investigación que pesaba sobre el rey emérito. Los hechos denunciados se habrían cometido entre 2014 y 2018, después de su abdicación, período en el que ya no estaba bajo el paraguas de la inviolabilidad que la Constitución recoge en su artículo 56 para la figura del Rey.
Según los denunciantes, la regularización se produjo después de que Juan Carlos I recibiera dos notificaciones de la Fiscalía advirtiéndole de que se habían iniciado diligencias de investigación: «Ha tenido puntual conocimiento de la incoación de las presentes Diligencias de Investigación en las que ha podido personarse, tomar pleno conocimiento de su desarrollo e, incluso, intervenir en su tramitación solicitando las oportunas diligencias».
En las conclusiones de la querella, de veinte folios, los denunciantes sostienen que el argumento sobre la legalidad de la regularización tributaria que expuso la Fiscalía «carece de sustento legal y choca frontalmente con los datos temporales que constan en su propio documento» y afirman que «la actividad delictiva» del rey emérito «ha sido exonerada, en la mayoría de los casos, por el manto de la inviolabilidad o la prescripción».
Entre los querellantes figuran José Antonio Martín Pallín, magistrado jubilado del Supremo, y fiscales anticorrupción retirados, como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, además de periodistas y filósofos.
