El análisis de las Cuentas todavía vigentes del año 2023 revela la existencia de un artículo formulado en 2021, de carácter excepcional pero aún plenamente activo, que deja las manos libres a Hacienda para reasignar créditos entre ministerios. Las únicas limitaciones para esta operación se ciñen a contar con la aprobación del Consejo de Ministros y a respetar el último techo de gasto no financiero aprobado. No habría necesidad alguna, por tanto, de recabar el apoyo del Congreso de los Diputados, lo que encaja a la perfección en los planes que el jefe del Ejecutivo dejó entrever, a mediados de este mes, para aumentar el desembolso militar al 2% del PIB antes del año 2029.
La pieza maestra se encuentra en el Artículo Noveno de los últimos Presupuestos en vigor, que textualmente atribuye al «Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública» varias «competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias». De todas ellas, la primera se refiere a los posibles cambios de «transferencias de crédito entre secciones»–léase ministerios– «para atender necesidades ineludibles». Estas dos últimas palabras dan lugar ahora a múltiples interpretaciones, pero no eran tan ambiguas cuando se formularon, en 2021 para incorporarlas a los Presupuestos de 2022. En un contexto de incertidumbre sobre cómo se desarrollaría aún la pandemia del Covid-19, el Gobierno se reservaba el derecho de detraer recursos de otras áreas menos urgentes para combatir los rebrotes y otras emergencias.
En 2022, la situación sanitaria estaba cerca de normalizarse pero el Artículo 9 fue traspasado, respetando por completo su literalidad, a las Cuentas de 2023, invocando el argumento de que persistía una situación de excepcionalidad, en este caso, provocada por el estallido de la guerra en Ucrania. Ahora, la «necesidad ineludible» puede relacionarse con las nuevas exigencias de aumento del gasto en Defensa que demandan tanto la Unión Europea como la OTAN. Ateniéndose a estas prioridades, el propio Sánchez reclamó este mes a Bruselas que ampliara el concepto de Defensa, de modo que abarque rúbricas hasta ahora bien diferenciadas. En otras palabras, si Hacienda se amparara en el Artículo 9 de la Ley Presupuestaria de 2023 sería posible reasignar créditos destinados a materias como la ciberseguridad o la cooperación exterior al Ministerio de Defensa.
Es más, las competencias atribuidas al departamento que Montero dirige también se refieren al reparto de las ayudas europeas. En concreto permite modificaciones en las «transferencias de crédito que afecten al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» y a la «ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa». En otras palabras, está en la mano de Moncloa reasignar recursos asociados a los fondos Next Generation y a los React-EU, respectivamente.
Nada de esto estaba previsto cuando esta cláusula presupuestaria se creó en 2021 y surgen dudas sobre si su alcance es tan elástico como para tolerar la nueva interpretación.
Desde la oposición, consideran que la redistribución de créditos corre el riesgo de «quedarse corta» a la hora de movilizar los cerca de 6.000 millones de euros al año que exige la promesa de Sánchez de elevar la partida de Defensa al 2% del PIB antes del año 2029.
Lo único cierto es que el jefe del Ejecutivo se resiste a dar conocer cuáles es su hoja de ruta. Desde Moncloa, anticipan que Sánchez no tiene por qué poner este miércoles todas las cartas sobre la mesa, y puede reservarse los pormenores de su plan para los días posteriores a la Cumbre de la OTAN del próximo junio.
