En declaraciones a los periodistas en Madrid tras participar en un acto por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, Marlaska pidió una «lectura sosegada» del texto legislativo pactado con Junts. Destacó que «no hay ninguna cesión en el control de fronteras y tampoco hay ninguna cesión en el control de los flujos migratorios irregulares».
Apuntó que «la Policía Nacional será quien acuerde quién entra y quién sale del territorio nacional», de forma que «será quien ponga el sello en los pasaportes», mientras que los Mossos d’Esquadra solo actuarán en fronteras en el marco de competencias específicas. El ministro precisó que las devoluciones que podrán ejecutar los Mossos se refieren únicamente a «aquellas personas que tienen la prohibición expresa de entrar en España».
En cuanto a las expulsiones de personas en situación irregular, indicó que «las acuerdan y ejecutan la Administración General del Estado» a través de los subdelegados del Gobierno, sin que haya cambios en este aspecto. El titular de Interior defendió la proposición de ley como «un paso más» para mejorar el servicio público en un «Estado complejo y autonómico», basado en «la coordinación y la cooperación del conjunto de las administraciones».
Sobre el requisito del catalán mencionado en el acuerdo, Marlaska aclaró que, si bien puede ser «un elemento que determina circunstancias como el arraigo», en ningún caso será «determinante” para que una persona tenga la residencia o sea expulsada».
El ministro pidió una «lectura sosegada» del texto legislativo y recordó que uno de sus elementos fundamentales es «la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales» de los inmigrantes, especialmente los más vulnerables. Además, indicó que ahora se iniciará el “trámite parlamentario” de la proposición de ley, en el cual los grupos podrán presentar enmiendas hasta alcanzar un texto definitivo que obtenga el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso.
