Es un proyecto que se revisa cada diez años y que convierte al agua en una cuestión de Estado. Contempla, de forma inmediata, la construcción de 16 grandes presas hasta 2027, además de otras cuatro de tamaño medio y 92 más pequeñas. Y no solo es eso. El país alauita, que cuenta ya con 17 plantas de desalación de agua del mar, tiene en construcción otras cuatro más, con 9 adicionales en proyecto hasta el año 2030 para alcanzar una producción anual total de 1,7 millones de metros cúbicos.
El objetivo prioritario, además del abastecimiento a las grandes ciudades, pasa por garantizar los recursos hídricos necesarios para la agricultura y la ganadería, construyendo de forma paralela canales y trasvases y desarrollando de sistemas de información y seguimiento, además de una gestión integrada de las cuencas.
España, en efecto, no tiene actualmente un plan nacional unificado, sino que opera con la gestión del agua a través de los distintos planes de cada cuenta. Sin que se haya planteado la construcción de ninguna presa y paralizado desde 2004 por el Gobierno de Zapatero el trasvase del Ebro, todo pasa por las desaladoras. En 2004 se promovió un plan que contempla la construcción de 32 plantas, 11 ya en servicio.
Actualmente, España cuenta ya con 100 de ellas que tienen capacidad de más de 10.000 metros cúbicos al día, pero para los agricultores y ganaderos no es suficiente. La inversión prevista entre 2022 y 2027 prevé un total de 22.844 millones, pero de esa cantidad un 40% se destina a saneamiento y depuración y solo un 30% para regadíos.
