Según el mismo cálculo, las entidades privadas habrían recibido 65.000 millones de euros, lo que representa el 10% de todos los fondos comprometidos. La Comisión justifica esta situación y explica que «dado que muchas medidas del MRR están orientadas a mejorar la provisión de bienes públicos, en ámbitos como la sanidad, el transporte o la digitalización de las administraciones públicas que generalmente representan proyectos de inversión costosos y a gran escala, las autoridades públicas suelen ser los destinatarios finales. No obstante, el MRR también presta un amplio apoyo al sector privado y, en particular, a las pyme». Según la lista de los 100 principales beneficiarios de los fondos asignados por el Plan de Recuperación, la mayoría son entidades públicas. Siendo ADIF, con 2.500 millones de euros, el mayor receptor de fondos.
En el listado, actualizado a 30 de abril de este año, también figuran ayuntamientos de grandes ciudades españolas. El Ayuntamiento de Madrid ha recibido 76 millones de euros y el de Zaragoza ha sido beneficiario de más de 59 millones de euros. Los ministerios también aparecen en este ranking, en concreto, el de Agricultura, el de Transición Ecológica y el de Transportes forman parte de los grandes beneficiarios. «En general, los mayores importes de financiación que han recibido los beneficiarios finales para la aplicación de medidas del MRR están relacionadas con inversiones en infraestructuras y servicios territoriales, administración electrónica y servicios públicos y la movilidad sostenible. Estas medidas suelen representar proyectos grandes, más caros y cuya ejecución requiere más tiempo», insiste la Comisión.
El ejecutivo comunitario destaca que el Mecanismo de Recuperación ha impulsado más de 82.000 millones de euros en inversiones que apoyan directamente a las empresas. «Se están llevando a cabo más de 900 reformas para reducir la burocracia y acelerar los procesos empresariales para obtener permisos y licencias, por ejemplo, ayudando a la industria de la UE a ser más competitiva», resumen. En el informe, también se recogen datos de objetivos concretos, «se han ahorrado 34 millones de megavatios hora en consumo de energía, más de 11,8 millones de personas han participado en educación y formación, y 9,8 millones de personas se han beneficiado de medidas de protección contra desastres relacionados con el clima».
Con todo, esta herramienta de financiación tiene un plazo de expiración y es 2026. Los estados miembros pueden pedir financiación hasta agosto de ese año. Sin embargo, la Comisión Europea ha desembolsado 265.400 millones de euros en ayudas, solo un 40% de su dotación total pese a que este ya ha superado el ecuador de su vida. Bruselas espera que de aquí a final de año se hayan desembolsado más de 300.000 millones de euros. España es el segundo país de la Unión Europea que más fondos europeos va a recibir, porque las cuantías se calcularon según el impacto que había tenido en el producto interior bruto (PIB) la pandemia. Nuestro país ya ha recibido el cuarto pago del plan, aunque no en su totalidad porque hay un hito que Bruselas consideró que no se había cumplido.
