Lo que ambas expresiones revelan es un gravamen con un impacto mucho menor que el actual para las compañías del sector a partir del 1 de enero.
Hacienda trabaja con varios frentes a la vez. Por una parte, el meramente político: PSOE y Sumar acordaron en su pacto una extensión del tributo extraordinario a partir del próximo año. Es un compromiso de Sánchez con Díaz. La vicepresidenta segunda ha insistido en la necesidad de seguir aplicándolo. Pero, al mismo tiempo, partidos como el PNV entran en la ecuación advirtiendo del impacto que puede tener su aplicación tal y como está en el País Vasco, donde se concentran buena parte de la actividad y sedes sociales de las firmas afectadas. Repsol, en el primer caso, e Iberdrola, en el segundo.
Una de las fórmulas en las que se está trabajando pasaría por vincular el impuesto a proyectos industriales que apoyen la transición energética. Es decir, que cuantos más compromisos adquieran las compañías gravadas en este camino ‘verde’, más beneficios (incluidos créditos fiscales) se aplicarían en la estructura del gravamen, que podría quedar reducido a su mínima expresión. Esta opción ya la había anticipado el propio presidente del Gobierno al apuntar que «hay proyectos industriales que necesitan también de esa cobertura de una política energética que estimule, incentive estas grandes inversiones en energía renovable para estos proyectos industriales». «Por tanto, estamos en esa fase de trabajo de rediseño para ver cómo podemos también incentivar estos proyectos industriales», indicó Sánchez el jueves.
