Así lo indican fuentes del Gobierno, que remarcan que esa potestad, la de recaudar la totalidad de los impuestos de Cataluña, viene recogida el Estatut. En ese sentido, desde Moncloa y también desde Ferraz insisten en que la propuesta que los socialistas harán a ERC para que apoyen la investidura del líder del PSC, Illa, pasa por desarrollar lo ya recogido en el Estatuto de Autonomía.
Las negociaciones están en marcha, y están siendo pilotadas por el PSC, que hasta el momento no ha comunicado «ni avances ni retrocesos» respecto a un acuerdo con los republicanos que pueda abrir las puertas del Govern a Illa.
No obstante, reconocen que sobre la mesa está la negociación de este consorcio tributario –una propuesta que ya había lanzado Illa durante la campaña electoral de las elecciones catalanas del 12M– y que esta medida puede suponer la recaudación del 100% de los tributos, aunque no se han concretado los detalles ni el porcentaje de tributos que asumiría.
En concreto, el artículo 204 del Estatut, dedicado a la Agencia Tributaria de Cataluña, señala que «la gestión, recaudación, liquidación e inspección» de los tributos del Estado recaudados en Cataluña «corresponderá a la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de la delegación que la Generalitat pueda recibir de éste, y de la colaboración que pueda establecerse especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo».
«Para desarrollar lo previsto en el párrafo anterior, se constituirá, en el plazo de dos años, un Consorcio o ente equivalente en el que participarán de forma paritaria la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña. El Consorcio podrá transformarse en la Administración Tributaria en Cataluña», indica la ley autonómica.
Hasta el momento, el Gobierno ha venido sosteniendo que busca una «fórmula imaginativa» sobre la financiación para Cataluña que pueda cumplir las expectativas de ERC, que permanece en una posición de máximos y sigue reclamando soberanía fiscal y recaudar y gestionar el 100% de los tributos. Esto supondría salir del régimen común de las comunidades autónomas y transitar hacia un sistema de concierto y cupo, como el que tienen País Vasco y Navarra, que recaudan todos los impuestos y después pagan una parte al Estado; una opción inaceptable para el Ejecutivo de Sánchez, que considera que se trata de una línea roja, según ha defendido en las últimas semanas.
