Cierto es que la fecha no es tan estricta. El Ejecutivo comunitario acostumbra a conceder cierto margen para que los países remitan las cuentas del año siguiente, aunque este margen se ajusta a una cuestión de días, no de semanas. Así es que Moncloa ya ha superado en dos semanas el plazo extra que le concedía Bruselas para presentar el plan presupuestario.
El proceso «está claramente establecido» en reglamento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y Bruselas espera que «todos los Estados miembros de la zona del euro que aún no han presentado sus planes presupuestarios, incluida España, lo hagan lo antes posible y, en cualquier caso, antes de que el presupuesto se presente al Parlamento nacional».
La advertencia la perfilaba Gentiloni, en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona en Luxemburgo. El italiano avisaba de que «la flexibilidad de la Comisión Europea es limitada» y pedía a España, y al resto de países del euro, que no perdieran «esa conexión entre los borradores presupuestarios y los planes fiscales estructurales». De hecho, fuentes cercanas a la Comisión Europea insisten en que Bruselas sigue esperando por las cuentas del 2025 de España.
La vuelta a la aplicación de unas nuevas reglas fiscales, tras los años de manga ancha de la pandemia, establecía que los países debían remitir a Bruselas su hoja de ruta para reducir el déficit y la deuda, para los próximos cuatro años, el 20 de septiembre. A este documento le seguiría la presentación de las cuentas para 2025 el 15 de octubre, con unos días de flexibilidad, acotaba Bruselas. A efectos prácticos, que España presente su plan fiscal estructural sin unas cuentas que sostengan tales ajustes ya para el año que viene podría dejar el primero de los documentos sin validez. Los planes fiscales sin unos presupuestos que los sustenten corren el riesgo de convertirse en papel mojado, avisan fuentes comunitarias.
