El caso de Montero no iba a ser una excepción . Así que el Gobierno se niega a rectificar lo dicho por Montero a pesar del comunicado suscrito el lunes por todas las asociaciones de jueces y de fiscales y de la declaración institucional que, este martes, emitió el Consejo General del Poder Judicial,
Fuentes gubernamentales sostienen que se entendió «perfectamente» lo que Montero quiso decir, que no pretendió decir que la presunción de inocencia no tiene ningún valor. Y atribuyen a una interpretación distorsionada y sacada de contexto la polémica suscitada. A pesar de que la literalidad es tozuda: «Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes valientes que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos», denunció durante un acto de partido. Las mismas fuentes aseguran que el Ejecutivo comparte las opiniones de Montero.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz sostuvo: «Se expresó (en alusión a Montero) el mismo desconcierto que una gran parte de la sociedad sintió al conocer una sentencia del TSJ de Cataluña radicalmente distinta a la de la Audiencia de Barcelona en menos de un año. Es lógico y evidente el respeto de este Gobierno por la Justicia, pero este respeto tampoco es antagónico a opinar sobre las mismas», según Alegría.
A su lado, el ministro del Interior y juez en excedencia, Grande-Marlaska, fue un poco más lejos y dio a entender que los magistrados del TSJ catalán deberían haber explicado por qué han decidido absolver a Dani Alves; dando por hecho que, además de juzgar, los jueces tienen que ser pedagógicos. «En cuestiones que suponen una lacra social tan importante como es la violencia hacia las mujeres, yo creo que no solo las autoridades que formamos parte del poder ejecutivo, sino también el poder legislativo y también el poder judicial, todos, debemos explicar muy bien nuestras manifestaciones y nuestras resoluciones», señaló Grande-Marlaska.
Y añadió: «Explicarlas muy bien de por qué se llegan a determinadas conclusiones y con una finalidad muy concreta de sensibilización máxima a la sociedad, de que las víctimas de esta lacra no se sientan desprotegidas. Que no pierdan la confianza en las instituciones. Respeto a todas las resoluciones, pero en una materia de sensibilidad social máxima deben explicarse muy bien para que las víctimas y las potenciales víctimas no pierdan la confianza».
La realidad es que ante los problemas judiciales de la familia de Sanchez y las dificultades de los adjuntos tipo García Ortiz , Ábalos y compañeros mártires por el sanchismo, el Gobierno está intensificando su acoso a los jueces en vísperas de que el ministro Bolaños eleve al Consejo de Ministros, en abril, el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tan largamente deseada por los socialistas. Entre otras cosas, ésta quitará a los jueces la instrucción de las causas penales para ponerla en manos de los fiscales, un cuerpo jerarquizado y hoy en día, dirigido por un imputado por revelación de secretos.
