En concreto y tras su intervencion y ya en los pasillos del Senado y a preguntas de los medios de comunicación, la ‘número dos’ ha desligado el pacto alcanzado con Junts y ERC sobre la ley de amnistía de la negociación de los Presupuestos. «Cada cosa a su tiempo, estamos hablando con los grupos para posibilitar que haya cuentas nuevas para el año 2024», ha asegurado, para añadir también que cuando haya acuerdos se irán haciendo públicos «puntualmente».
Poco antes, la vicepresidenta primera, Montero, confía en que «una gran parte» de las comunidades autónomas opten finalmente a la quita de un porcentaje de su deuda, que pasará a asumir el Estado. Esta propuesta, que se incluyó en origen en el pacto para la investidura de Pedro Sánchez que el PSOE firmó con ERC, supondrá para Cataluña la condonación de alrededor de 15.000 millones de euros de la deuda que tenía contraída con la Administración Central a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Ese instrumento se creó en plena crisis de deuda en 2012 para otorgar liquidez a las autonomías que tenían cerrado el acceso a los mercados por su delicada situación financiera.
Durante su comparecencia a petición propia en el Senado para avanzar las líneas que marcarán la política de su departamento a lo largo de la legislatura, la ministra de Hacienda ha considerado que la quita es «una propuesta seria, sensata» que permitirá a los territorios sanear sus cuentas y ceñirse a la senda de estabilidad. Pese a que se desconoce de momento la letra pequeña del mecanismo, Montero ha incidido en que podrán acceder a él todas las regiones del régimen común, «estén suscritas o no al fondo de liquidez autonómica».
Las condiciones, según ha precisado, se fijarán de acuerdo con parámetros objetivos en el marco de las reuniones bilaterales con las consejerías del ramo que, espera, comiencen «cuanto antes». Los numerosos frentes que tiene abiertos su departamento le impidió iniciar esos encuentros en febrero, como estaba previsto.
El hecho de que la condonación del pasivo regional se vaya a abordar de forma particular con cada CCAA y no de forma conjunta en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha suscitado criticas contundentes por parte de las autonomías gobernadas por el Partido Popular, la gran mayoría desde las elecciones del pasado 28 de mayo.
La negociación de la quita va a iniciarse, además, en un momento en el que cada vez más gobiernos regionales reclaman una reforma del modelo de financiación, que caducó en 2014 sin que ningún Gobierno Central desde entonces haya abierto ese melón. Tanto el acuerdo para un gobierno de coalición con Sumar como los diferentes pactos que posibilitaron la investidura incluyen esta reforma como uno de los principales objetivos.
Alcanzar un punto de entendimiento con el principal partido de la oposición no va a ser nada sencillo. Tampoco poner de acuerdo a los quinte territorios de régimen común, puesto que el debate se ha polarizado de forma notable entre los peor y mejor financiados por el sistema vigente, al margen de colores políticos. Autonomías como Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha han reclamado que mientras se reforma el modelo el Gobierno apruebe un fondo de nivelación para compensar a sus regiones, las más damnificadas por el modelo.
Y pese a que se trata de una buena noticia para los territorios, tampoco facilitará un pacto sobre la financiación el hecho de que las autonomías vayan a contar, otro año más, con recursos récord a cuenta de la liquidación de 2022, año marcado por el fuerte impacto de las inflación en los ingresos tributarios. En concreto, percibirán 154.467 millones, un 14,9% más que en 2023.
