En primer lugar, algunos gobiernos regionales han manifestado que el modelo propuesto no responde adecuadamente a las necesidades de financiación de territorios con mayores competencias y gasto social, especialmente en sanidad y educación. Se argumenta que el sistema sigue sin corregir los desequilibrios históricos entre comunidades de régimen común y foral, lo cual es bastante cierto.
Por otro lado, expertos en economía pública señalan que la propuesta carece de mecanismos claros para garantizar la equidad y la suficiencia financiera en todas las regiones. Asimismo, se critica la falta de transparencia en los criterios de reparto y la ausencia de consenso previo con los gobiernos autonómicos, lo que ha generado tensiones y desconfianza en el proceso negociador. En definitiva, se reclama una reforma más profunda y dialogada que permita avanzar hacia un modelo más justo y estable para todas las CCAA.
Por otra parte, el plan obvia problemas clave. Entre ellos, destaca la falta de soluciones concretas para corregir las desigualdades entre regiones, ya que el sistema actual genera diferencias significativas en los recursos disponibles para sanidad, educación y servicios sociales. Además, no aborda de manera suficiente la transparencia en el reparto de fondos ni la necesidad de actualizar los criterios de distribución para adaptarse a los cambios demográficos y económicos recientes. Por último, el plan tampoco contempla mecanismos ágiles para resolver conflictos entre el Estado y las comunidades en materia financiera.
En otro orden de cosas, la insistencia en la solidaridad dentro del discurso político y mediático suele responder a la necesidad de mostrar un compromiso con el equilibrio territorial y social, especialmente en el contexto de la financiación autonómica. Sin embargo, muchos críticos señalan que el plan de financiación de las Comunidades Autónomas presentado no cumple realmente con los principios de solidaridad, ya que puede favorecer a unas regiones sobre otras y no garantiza una redistribución justa de los recursos. Esta contradicción entre el discurso y la práctica genera desconfianza y cuestiona la legitimidad de las medidas adoptadas.
Finalmente, políticamente hablando, el plan presentado por Montero, futura candidata a la presidencia de Andalucía, solo puede considerarse viable en la medida en que responde a la necesidad de actualizar el modelo actual y de ofrecer mayor transparencia y equidad entre territorios. Sin embargo, algunos partidos y gobiernos autonómicos han manifestado dudas sobre su implementación real, señalando que podría tratarse de un nuevo subterfugio para posponer soluciones concretas y evitar enfrentarse a los problemas de fondo, como la desigualdad en la distribución de recursos o la falta de consenso político. Por tanto, aunque el plan tiene potencial, su éxito dependerá de la voluntad política y del acuerdo entre las distintas fuerzas implicadas, entre las que de momento a disensiones y negativas a votar en su favor.
El tiempo dirá si ha servido para algo o el tema sigue empantanado
