La vicepresidenta Montero, defiende la polémica ley de amnistía porque ha frenado el paso a la ultraderecha y «puede tener consecuencias positivas en el terreno de la convivencia» y en «el clima inversor».
«Nos va a permitir mejorar el escudo social con leyes progresistas», afirma Montero en una entrevista concedida al diario El País en la que concreta que la medida también favorecerá «acometer grandes transformaciones con el Plan de Recuperación». Las urnas nos dejan una España diversa, que nos obliga a acuerdos transversales y «eso es lo que estamos haciendo», opina Montero.
Afirma sobre la negociación política que «hemos llegado a un pacto con Junts, que en la legislatura pasada no apoyó ni una sola ley. Ahora tiene que transitar el camino que antes recorrió Esquerra: el de la negociación, el diálogo, la gestión, y además el del reencuentro, la reconciliación. Ese es un movimiento complejo que requiere tiempo y una cierta contención». Tras destacar que el PSOE tiene una gran confianza en que el presidente «sabe perfectamente cómo conducirse», dice que «el resultado de la consulta del PSOE revela hasta qué punto la militancia ha superado ese debate».
«Creo que la amnistía puede tener consecuencias positivas en el terreno del entendimiento y la convivencia, pero también en términos de crecimiento, con efectos sobre el clima inversor, sobre la estabilidad. Nos permite tener un presupuesto, mejorar el escudo social con leyes progresistas. Acometer grandes transformaciones con el Plan de Recuperación. Y puede permitir que Cataluña vuelva a ser un pulmón de la economía española».
La amnistía es un instrumento para reconstruir los puentes que se derribaron en la legislatura de Rajoy, señala la vicepresidenta, y «los indultos fueron un intento de restablecerlos; la amnistía continúa en esa dirección». «Es una oportunidad: nadie puede asegurar que vaya a ser un éxito definitivo, eso ya se verá, pero es un intento de restañar heridas, de cerrar cicatrices» afirma.
Por otra parte, condiciona la eliminación de las ayudas al comportamiento de la inflación en el primer semestre de 2024, anuncia ajustes para llevar el déficit al 3% del PIB, y llama a pactar la reforma de la financiación autonómica entre PSOE y Partido Popular.
Sobre los Presupuestos dice que «estamos en condiciones de formular un presupuesto que nos permita seguir avanzando en las políticas de progreso» aunque, reconoce, que «el margen fiscal es bastante menor del que veníamos teniendo en condiciones extraordinarias, como la pandemia o la guerra en Ucrania, pero podemos cumplir con el listón del déficit del 3%, bajando desde el 3,9% del PIB. Hemos hecho mayores esfuerzos otros años».
«Nuestro objetivo declarado es llevar el déficit al 3% del PIB: eso exige ajustes al Estado y a las autonomías. Pero seguimos creciendo, el nivel de ingresos es sólido y disponemos de fondos europeos», dice la ministra de Hacienda. Sobre las ayudas señala que «hay un compromiso para mantener el transporte público gratuito, y estamos evaluando otras medidas, tanto las relacionadas con el transporte por ferrocarril como las rebajas fiscales. Se prorroga el IVA de los alimentos hasta junio».
En otro orden de cosas, y según su opinión, «cada comunidad, independientemente de quién la gobierna, tiende a defender posiciones de máximos en ese debate. Así es imposible avanzar. La financiación no la votan los territorios, la votan los partidos en el Congreso. Y los dos grandes partidos se tienen que sentar a hablar sin miedos».
