Estos números, según detalló Montero, han permitido a España avanzar en la senda de la reducción del déficit público, que culminó el pasado ejercicio en el 4,8%, dos décimas mejor a lo esperado inicialmente por el Ejecutivo en los Presupuestos Generales del Estado. “Aunque las reglas fiscales están suspendidas en la Unión Europea el Gobierno no ha renunciado a los principios de estabilidad y responsabilidad presupuestaria”, señaló la ministra en una rueda de prensa en la que también criticó a quienes acusan al Gobierno de “forrarse” con la inflación.
“Cuando presentamos el objetivo del déficit del 5% muchos pronosticaron que sería imposible. Sin embargo, por segundo año consecutivo España cumple con el objetivo de estabilidad comprometido con Europa”, precisó. El estallido de la pandemia impulsó una política de gasto público que escaló el déficit hasta el 10% en 2020, una cifra que también se explica por la caída de la recaudación debido al confinamiento y la caída de actividad. En 2021, el déficit se situó en el 6,76% del PIB frente al 8,4% previsto. Es decir, “dos años después hemos reducido la tasa a la mitad. En solo 24 meses el saldo fiscal ha mejorado en casi 49.500 millones”. Esto se ha logrado, además, en un contexto en el que el Gobierno ha desplegado políticas públicas milmillonarias para sostener y aliviar a la población en las crisis sanitaria y de precios, a resaltó la ministra. En esta senda de reducción de déficit mucho tiene que ver la mejora de los ingresos públicos, unos 32.000 millones de euros más que en 2021 gracias “al comportamiento de la economía y del mercado laboral”. La fuerte escalada de los precios, añadió Montero, explica únicamente un tercio de la subida de la recaudación. “La inflación afecta principalmente a la recaudación del IVA, teniendo efectos limitados en IRPF y Sociedades, que son las dos figuras que registran mejor comportamiento”, argumentó. Por lo tanto, “es falso que el Estado esté teniendo una recaudación mayor por la inflación. Si los ingresos aumentan es porque mejora el empleo”.
Los cálculos del ministerio sobre este asunto contrastan con los de otros organismos como el Banco de España, que aseguran que cerca de la mitad del aumento de los ingresos tras la crisis sanitaria (un 46%) se explica por el repunte de los precios.
Por impuestos, el IRPF cerró en los 109.485 millones de euros, un 15,8% más. Esto se explica, según Hacienda, porque hay más empleo, mejores salarios y un aumento de las retenciones y de los ingresos. El impuesto sobre sociedades, por su parte, alcanzó los 32.176 millones de euros, un 20,8% anual más. “La cifra se debe al buen comportamiento de los beneficios empresariales en 2021 y 2022″, explicó la ministra.
La tercera figura que más crece, con una subida anual de casi el 14%, es el impuesto sobre el valor añadido (IVA), que cerró en torno a los 82.500 millones de euros. El IPC por sí solo, adujo la titular de Hacienda, no puede explicar el buen comportamiento de este impuesto, ya que en la ecuación también hay que sumar la mejora del consumo. Además, recordó, los ingresos por este gravamen son hubieran sido mayores sin las medidas aprobadas por el Gobierno, como la rebaja del IVA a la electricidad. Los impuestos especiales anotaron una mejora del 2,5%, hasta los 20.200 millones.
En este punto, Montero insistió en que es “falso” que el Gobierno esté teniendo ingresos récord gracias a la inflación. Además, defendió que esa recaudación inusualmente elevada está retornando a la ciudadanía en forma de políticas y ayudas públicas como el transporte gratuito, las antiguas bonificaciones al combustible, la rebaja del IVA energético o los cheques para hogares vulnerables. En total, todas las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno, vigentes en la segunda mitad de 2022 y en 2023, suponen el despliegue de 35.000 millones de euros (sin contar con los 10.000 millones de avales a las empresas), con un impacto de 22.217 millones en 2022. “Esta cifra supone el doble de los ingresos obtenidos por el Estado derivados de la subida de precios”, dijo Montero. Es decir, la “hipotética sobrerrecaudación” se devuelve “con creces” a la sociedad en forma de más ayudas y protección ante los efectos de la guerra de Ucrania.
En concreto, según las cifras del ministerio, el impacto diferencial de los cambios fiscales arroja una rebaja tributaria de 8.491 millones de euros, mientras que las medidas de aumento tributario alcanzan los 1.597 millones. En total, unos 6.800 millones de euros que han ido a la población más vulnerable, entre hogares y empresas.