Según han informado fuentes jurídicas, el acto de conciliación convocado en el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid, en el que se ofrece llegar a un acuerdo para evitar la demanda, ha quedado sin efecto, ya que por parte de la ministra Montero no acudido nadie, de manera que ahora será el demandante el que tiene que decidir si sigue adelante con el proceso. La ministra está representada en este proceso por la Abogacía del Estado, han precisado las fuentes.
González Amador anunció esta demanda por las palabras que pronunció Montero en la sesión de control en el Senado el pasado 12 de marzo, donde dijo que la presidenta madrileña podría «estar viviendo en un piso que se pagó con fraude». La vicepresidenta primera hizo estas declaraciones en referencia a las informaciones periodísticas que avanzaban la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros y de que la presidenta autonómica residía en un piso de un millón de euros que se pagó después de que Hacienda estuviese investigando a su pareja.
