El Ejecutivo enviará todos los pormenores del contrato (nuevas coberturas, entre otros aspectos) y dará a las compañías aseguradoras, DKV, Asisa y Adeslas, un plazo de 25 días como máximo para responder a la propuesta. Este tiempo coloca el fin de la novela en el próximo día 5 de noviembre.
Las empresas estudiarán el detalle de los nuevos servicios que tendrán que prestar a los funcionarios adscritos. Entre ellos destacan la salud bucodental y sufragar terapias avanzadas como elementos que elevan de manera considerable el coste de las prestaciones que tendrían que comenzar a ofrecer a partir del 1 de enero si aceptan el convenio.
En este ambiente, el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, López, deslizó en el Congreso de los Diputados que el Gobierno no tiene pensado poner ni un euro más que el incremento ya anunciado. Fue ante una pregunta parlamentaria del Partido Popular, quien le espetó que le habían nombrado para «desmantelar el mutualismo», cuando el responsable de la cartera respondió que el 17% de subida era más que suficiente. «La subida la mayor de la historia. No sé qué intereses defiende y cuál es su alternativa. ¿Qué debería subir, un 23, un 24, un 27, un 38 como piden las aseguradoras?», respondió López.
El Gobierno sigue, por tanto, convencido de que la oferta presentada es más que suficiente para que las empresas sigan prestando el servicio. «La cuantía total asciende a 1.337 millones en 2025 y 1.344 millones en 2026. Esto supone un incremento bianual de casi 304 millones de euros en comparación con el concierto que vence este año. El concierto ofrece un alza de prima del 17,12% que se distribuye en un 16,5% en 2025 y un 0,62% adicional para 2026».
Sin embargo, el sentir en las empresas es bien distinto. Éstas ponen el foco en la diferencia existente entre el gasto per cápita público y la prima por Muface. En cifras, la diferencia de gasto entre los que invierte el Estado, 1.736 euros, frente a lo que pagará a las aseguradoras por cada funcionario adscrito a Muface, 1.208 euros, es de más de 500 euros.
En concreto Adeslas, que es la compañía con más mutualistas adscritos –prácticamente la mitad de los funcionarios eligen esta opción, unas 800.000 personas– calcula que solo en este año perderá 116 millones, según fuentes de la compañía. En los tres años, esa suma se elevaría a 256 millones. Otros cálculos cifran en que las tres aseguradoras tendrán unos números rojos de 600 millones de euros en el trienio 2022-2024.
Todas ellas afirman que el concierto siempre ha tenido «pérdidas recurrentes», pero el volumen de asegurados y la capilaridad territorial habían servido para sustituir ese déficit. Ante el descontrol de esas cuentas por la inflación y el aumento de demanda de los asegurados por el envejecimiento de la población, los ingresos del Estado no han logrado cubrir los costes.
Las dudas sobre el futuro de esta fórmula publico privada sigue, por tanto, en el aire para el millón largo de asegurados-
