El PSOE no ha logrado remendar las costuras del bloque de investidura, después de pactar con Junts la retirada de la permanencia del impuesto a las energéticas, y con el PNV un tributo sobre la banca, pulido por las propias entidades financieras. El resultado: un texto que las izquierdas se niegan a apoyar, y que deberá ser repensado y renegociado por Ferraz en los próximos tres días. La ministra Montero, trató -hasta el último momento- zurcir un a acuerdo de mínimos, que -de momento- no ha logrado cerrar.
A la espera de lo que ocurra finalmente el próximo lunes, fuentes parlamentarias aseguran que todo apunta a que el Gobierno acabará retirando las enmiendas para salvar la ley inicial, con la que se da cumplimiento a una trasposición europea, y que busca incluir un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para las empresas multinacionales. La Comisión Europea obliga a los países a aprobar esta norma, para evitar próximas sanciones.
Si el PSOE no logra convencer al resto de grupos, decaerá el paquete fiscal planteado: la supresión del régimen fiscal especial de las ‘socimis’, el impuesto a los bienes de lujo (coches, yets, o yates privados) o la exención a las primas de los seguros privados sanitarios. También la permanencia de los dos gravámenes a banca y energéticas, que solo este año recaudarán 2.859 millones de euros, el alza del tipo máximo del IRPF a las rentas de capital del 28% al 29%; la reforma técnica del Impuesto de Sociedades, que corrige la nulidad que el Constitucional decretó sobre la modificación acometida por el exministro Cristóbal Montoro, y la modificación de la Directiva del IVA, con el objeto de gravar este impuesto a las plataformas de arrendamientos de vivienda turística.
Con todo por hacer, los plazos corren en contra de Moncloa. El Ejecutivo –que trata de aprovechar un proyecto de ley en trámite para agilizar los plazos de su reforma laboral- tendrá que rehacer el planteamiento en plena guerra política con sus socios de investidura, si no logra un acuerdo exprés. El borrador acordado entre PSOE y Sumar, que ambos proponían como boceto de reforma, disgustó a partes iguales a Junts y PNV, y a las formaciones a la izquierda de Sumar (ERC, Bildu o Podemos). Pero lo hizo especialmente a los de Carles Puigdemont, que siguen mirando el enredo parlamentario que sufre el PSOE desde lejos. La formación dejó claro desde el principio que la reforma fiscal que saliera adelante «debía de ser la suya, o no sería».
Los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos rechazan medidas que supongan subidas de impuestos, o que pongan en riesgo inversiones estratégicas de bancos o energéticas en sus territorios. Cabe recordar, que la amenaza de Repsol de llevarse a Portugal un proyecto de 1.100 millones de euros en Tarragona, y la presión de BBVA y CaixaBank, precipitaron la caída de estas dos medidas, que el propio Gobierno había prometido impulsar a Bruselas. Estirando la cuerda por el lado contrario, se encuentran los grupos de izquierda que exigen la permanencia –sí o sí- de ambos tributos.
Con estos mimbres, el Gobierno tiene complicado presentar una reforma fiscal que –al menos- tenga una posibilidad de salir adelante en el Congreso de los Diputados. Además, la disputa del bloque de investidura pone en entredicho las opciones de Moncloa de sacar adelante un proyecto de Presupuestos para 2025.
A ello, se añade la presión del Ejecutivo comunitario, que sigue a la espera del envío del plan presupuestario, que debe completar el plan fiscal estructural que España mandó hace un mes a Bruselas. En el documento, Economía incluyó el compromiso de impulsar una reforma fiscal capaz de garantizar unos ingresos de unos 4.500 millones de euros anuales, es decir, el 0,3% del PIB. Y, por si fuera poco, la ausencia de una ley de reforma fiscal pone en riesgo la recepción de 7.000 millones de euros procedentes del quinto pago de los fondos ‘Next Generation’.
