Ello supondría la fulminación de esa independencia, si bien para ello es necesario que la dimisión en bloque de los vocales llamados progresistas se concrete y sea admitida por el presidente en funciones del Consejo.
Sin embargo, la batalla se ha declarado esta misma mañana cuando los conservadores han avisado de que si los progresistas dimiten en bloque cometerán un delito Se refieren al artículo 409.2 del Código Penal: «Las autoridades o funcionarios públicos que tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de 8 a 12 meses»
Este viernes, los vocales progresistas se iban a reunir, después de que el vocal propuesto por el PSOE para el cargo, Álvaro Cuesta, planteara una dimisión conjunta dos semanas después de que la vocal propuesta por Izquierda Unida, Concepción Sáez, presentara una carta de renuncia al presidente del consejo de jueces, Rafael Mozo. La propuesta de Cuesta se ha interpretado en el sector conservador como una operación acordada con el partido del Gobierno para forzar al Partido Popular a renovar ya el órgano de gobierno de los jueces que lleva cuatro años y cuatro meses en funciones por la falta de acuerdo político de renovación entre los dos principales partidos del Congreso.
Las fuentes consultadas recuerdan que en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) modificada en dos ocasiones por los partidos del Gobierno, una para retirar al consejo la función de realizar nombramientos mientras esté en funciones y otra para devolverle la función de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, se especifica que hay responsabilidades que no se pueden retirar al órgano de gobierno de los jueces por su función esencial.
En este sentido, si los vocales deciden dimitir en bloque, ven claro que podrían ser objeto de una querella. Quien impulsara la dimisión, podría ser querellado por el punto 1 del citado artículo: «Las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».
Desde el bloque conservador también rechazan que una dimisión en bloque provocara la disolución del consejo de jueces porque «la Comisión Permanente, en caso de urgencia o necesidad, puede cumplir todas las funciones», especifican. Desde que se les retiró la de los nombramientos estas son pocas, básicamente los nombramientos internos del Consejo y la emisión de informes.
En este ambiente el bloque progresista ha decidido aplazar su reunión hasta el martes, probablemente a la espera de instrucciones de Bolaños o incluso del mismo Sánchez que quiere llegar a su presidencia europea con el CGPJ a sus órdenes, ya que no esta dispuesto a que .los miembros del Gobierno europeo le saquen los colores.
