El tribuna arbitral del Banco Mundial ha rechazado todas las objeciones jurisdiccionales de España, señalan fuentes jurídicas conocedoras del proceso, unas objeciones que habían servido a la Abogacía del Estado en la defensa del Estado en algunos pleitos previos de la misma naturaleza. Las fuentes consultadas señalan que la conclusión del Ciadi es que España asumió un compromiso muy específico en el Real Decreto 661/2007 con los inversores en el sector de las energías renovables y luego se apartó radicalmente de ese compromiso.
Con este planteamiento, el tribunal arbitral ha emitido una orden procesal para que se determine la cuantía de la indemnización que tendrá que afrontar España frente a la firma liderada por Concha Osácar y Fernando Gumuzio. Se espera que el CIADI eleve dicha indemnización a varias decenas de millones de euros, aunque esa parte aún está por discutir.
España asumió un compromiso muy específico con inversores en renovables y luego se apartó radicalmente de ese compromiso, según Ciadi
De los tres árbitros de este caso, la designada por España, la argentina Silvina S. González Napolitano, emitió un voto de disidencia parcial con el veredicto. Aunque Azora es una gestora española centrada en el mercado inmobiliario, Canepa Green Energy, a través de quien canalizó su inversión en renovables desde 2011, está domiciliada en Luxemburgo, de ahí que pudiera plantear un arbitraje internacional, ya que los españoles perdieron todas sus opciones ante los recortes por el fallo en contra que dictó el Tribunal Supremo.
Esta firma fue creada en 2010 y está centrada principalmente en energía eólica. El pleito se planteó en 2019 por el recorte a las primas otorgadas a sus cinco parques eólicos repartidos por Galicia, La Rioja y Cataluña, que suman 130 MW.
Este es el segundo fallo en contra de España en el Ciadi en este mes de octubre. A principios de mes, el Banco Mundial condenó al Reino de España a indemnizar con 15 millones de euros al inversor alemán Mathias Kruck, otro de los que demandaron por la rebaja de ayudas a las renovables, un montante que pagan los españoles a través de su factura de luz. Este caso fue asesorad por el bufete español Gómez-Acebo y Pombo junto con el despacho internacional King & Spalding.
Con estas dos derrotas, el Reino de España ya suma más de 20 condenas por el recorte a las renovables que activó el PSOE a principios de la década pasada y posteriormente, en 2013, incrementó con más fuerza el Ejecutivo del PP.
La suma de las indemnizaciones que acarrea la Administración Pública ya suma más de 1.200 millones de euros, respecto de unas reclamaciones iniciales que superaron los 10.000 millones de euros en más de 50 demandas arbitrales en diversas instancias.
El Gobierno está tratando de evitar el pago de estos arbitrajes y se defiende a través de la Abogacía del Estado para que los fondos no ejecuten bienes de España en otros países como EEUU, Reino Unido o Australia. La justicia británica ya ha reconocido a algún fondo la ejecución de bienes españoles y ha solicitado el embargo de las cuentas del Instituto Cervantes en Londres.
La presión de los inversores internacionales está pasando una elevada factura para España a nivel reputacional e incluso financiero, hasta el punto de que el Tesoro Español y el Ministerio de Asuntos Económicos están pidiendo asesoría urgente para ver hasta qué punto esto puede afectar al coste de financiación del estado.
