La medida está incluida en el acuerdo de Gobierno firmado días antes de la investidura de Pedro Sánchez, en el que ambas formaciones también se comprometían a hacer efectiva la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025 o la subida del SMI acompasado al 60% del salario medio.
Sin embargo, la ampliación de la baja por maternidad podría toparse con la política iniciada por Economía en busca del aumento de la productividad. El FMI alertó -hace un año en un informe- de que «la licencia parental puede abrir una brecha entre las horas reales y las habituales, lo que lleva a una disminución en las horas reales sin cambiar el horario habitual». Es decir, el organismo señala a la extensión de este permiso, que en España es igualitario para hombres y mujeres en contra de lo que ocurre en buena parte del resto de los países europeos, como a uno de los factores que explican que España sea el quinto socio comunitario con menor avance en productividad laboral.
Pese a ello, Sumar promete dar la batalla y hacer cumplir al PSOE el acuerdo. «Las mujeres dedican el doble de tiempo al cuidado de hijos e hijas que los hombres, mientras las mujeres dedican 6,7 horas a sus hijos e hijas, los hombres ocupan unas 3,7 horas de su tiempo», denuncian los de Yolanda Díaz en su iniciativa, en la que reclama -además- remunerar el permiso parental de ocho semanas, en respuesta a la trasposición europea de junio de 2019. Este último punto ya generó un desencuentro entre los socios de coalición el pasado mes de septiembre. Los de Díaz acusaron por entonces al ministerio de Hacienda de retener la medida, que todavía sigue guardada en un cajón.
La posibilidad de que Montero no sea capaz de armar un proyecto de Presupuestos con viabilidad parlamentaria, ha desatado una ofensiva legislativa, que Sumar pretende exprimir para forzar al PSOE a aprobar el catálogo de medidas sociales que siguen pendientes desde noviembre de 2023.
Y es que la ofensiva social de Sumar no se para en barras, y esta última semana en la Cámara Baja, se encuentra otra PNL que reclama a Sánchez una reforma de Ingreso Mínimo Vital (IMV). El texto insta a corregir el desfase que existe entre el momento del reconocimiento de la prestación y el de la revisión, simplificar los procesos burocráticos y permitir que los posibles beneficiarios solo tengan que presentar una declaración responsable para acceder a la prestación si han sido azotados por una «situación catastrófica», como ocurrió en octubre con la DANA. «Según la AIReF, tan solo un 36% de los hogares potencialmente beneficiarios perciben esta renta, especialmente por la dificultad del proceso. Hay que atajarlo», exigen fuentes de Sumar.
«La política social no ocupa normalmente el lugar en la discusión pública que yo creo que debería, porque hablamos de cuestiones que afectan de manera directa a la vida de millones de compatriotas», reclamó el ministro de Derechos Sociales, Bustinduy, el viernes en declaraciones a Onda Cero. Hacienda mantienen las negociaciones en torno a los Presupuestos en la más estricta confidencialidad.
