«Asunto: Uso de servidores Huawei por parte de la Agencia Tributaria Española». Así comienza la carta con la denuncia enviada al Tesoro de Estados Unidos, dirigida personalmente a los subsecretarios Rebecca Burch y Kevin Salinger, responsables respectivamente del área de Asuntos Fiscales Internacionales y del área de Política Fiscal en la Administración de Donald Trump.
En esa carta, el bufete de abogados les comunica la información desvelada en este diario sobre el uso por parte de Hacienda de cabinas de almacenamiento de la marca Huawei, modelo Oceanstor Dorado 8000. Una versión superior a la que utiliza el Ministerio del Interior en el sistema de escuchas policiales Sitel, y que ya ha provocado una crisis aún abierta con el Gobierno de Estados Unidos.
En el documento, se reitera la «preocupación de los abogados por la seguridad de los datos de los contribuyentes compartidos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en virtud del Convenio entre los Estados Unidos de América y el Reino de España para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta (el Tratado EEUU-España). Solicitamos que el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) aseguren que se están cumpliendo las disposiciones de confidencialidad del Tratado EEUU-España y, si es necesario, suspendan el intercambio de información con España mientras se verifica dicho cumplimiento».
La denuncia añade: «Entendemos que España utiliza servidores de Huawei para almacenar datos sensibles de los contribuyentes, incluidos los datos fiscales gestionados por la AEAT. Estos dispositivos contienen discos duros que almacenan información sobre las actividades de la Agencia. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han prohibido el uso de servidores Huawei en sus respectivas jurisdicciones debido a preocupaciones expresas sobre la privacidad y la seguridad de los datos».
«Como saben, la información personal y confidencial de los contribuyentes, empresas e individuos que presentan declaraciones o mantienen relaciones con la AEAT —incluidos los ciudadanos estadounidenses que residen en España— se guarda en esos servidores. En Estados Unidos, la información fiscal de los contribuyentes es altamente confidencial y no puede divulgarse en el curso ordinario, pero puede que no ocurra lo mismo con la información recopilada por la AEAT», se indica en la denuncia.
En este ambiente. Washington podría tomar la decisión de suspender o congelar el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal.
El propio despacho de abogados que presenta la carta señala que el convenio bilateral contra la doble imposición exige de forma explícita la «confidencialidad» de las comunicaciones y de los datos compartidos de contribuyentes de uno y otro país. En su artículo 27, contempla que «en situaciones en las que el Estado requerido determine que el Estado solicitante no cumple con sus obligaciones respecto a la confidencialidad de la información intercambiada bajo este Artículo, el Estado requerido podrá suspender la asistencia bajo este Artículo hasta que se le brinden las garantías adecuadas de que dichas obligaciones serán efectivamente respetadas».
Además, recuerdan a las autoridades fiscales el problema ya existente entre España y Estados Unidos en referencia a la presencia de Huawei en el sistema de escuchas telefónicas, tal y como desveló este diario. «Como sabrán, una carta reciente de miembros del Congreso insta al Director de Inteligencia Nacional a ocultar detalles de la información compartida con el Gobierno español», advierte el despacho de abogados, haciendo mención de la carta del pasado verano en la que congresistas y senadores solicitaban a Trump que rompiese la colaboración con España en materia de seguridad por el posible riesgo de fugas de información hacia Pekín.
Las sospechas sobre el riesgo que pueda entrañar el material tecnológico de Huawei se originan en una ley china del año 2017, la ley de inteligencia nacional, según la cual cualquier empresa con sede central en China está obligada a colaborar con los servicios de inteligencia civiles o militares chinos cuando se trate de una operación en la que esté en juego la seguridad nacional. Los criterios sobre esto último los establece directamente el Partido Comunista Chino, lo que da pie a que cualquier cuestión puramente política sea entendida como un asunto de seguridad nacional.
Esa es la parte política, que se complementa con una parte técnica: todos los aparatos tecnológicos conectados a la red pueden tener lo que se denominan backdoors o ‘puertas traseras’. Agujeros que sus diseñadores dejaron ahí, de forma intencionada o no, por los que puede colarse un operador que conozca la forma de acceder. Una vez dentro, saltándose los mecanismos de seguridad que protegen el acceso a esa información, podría extraerla y robarla. Una práctica que, de ir dirigida contra información sensible para el Estado, se convierte en un riesgo para la seguridad nacional. Y en el caso de Huawei han sido Estados Unidos, la Comisión Europea y la OTAN los que han señalado ese riesgo como muy factible.
