Así lo ha afirmado la vicepresidenta Montero, al ser cuestionada este viernes en Santander por el expediente de infracción contra España anunciado por la Comisión Europea por los poderes discrecionales que varias normas en la legislación española otorgan al Gobierno para poder frenar operaciones como la OPA de BBVA a Sabadell, al considerar que su alcance permite actuar más allá del interés general. Montero ha defendido que el Gobierno «ha ejercido sus funciones» con legislación que España «tiene vigente» y que considera «absolutamente coherente con todo el marco normativo europeo», como son la Ley de Solvencia Financiera y la Ley de Defensa de la Competencia.
Ha explicado que el Gobierno ya está trabajando para contestar «en plazo» a los requerimientos técnicos y jurídicos planteados desde Bruselas. «Contestaremos y esperemos convencer a las autoridades europeas», ha aseverado.
La vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno «no prohíbe» esta OPA, sino que lo que ha hecho es establecer una serie de condiciones, «añadidas a las que se habían puesto» por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), «para posibilitar que se defienda el interés general». «Las condiciones que se han puesto para esta OPA lo que están defendiendo es el interés general. El Gobierno de España lo que quiere es asegurar la solvencia, pero también la accesibilidad de todo el sector productivo pequeño y también de las personas usuarias de los bancos a los diferentes servicios, para que no haya ningún territorio que se quede, en este sentido, ni ningún sector sin la atención personalizada que hasta la fecha ha tenido. Esto es lo que pretende el Gobierno. Por eso, alega razones de interés general», ha insistido.
