Economía pidió a Bruselas una extensión de seis semanas de la fecha límite el pasado 12 de septiembre, cinco días antes de que expire el plazo. El Ejecutivo comunitario trasladó la apertura del expediente el pasado 17 de julio, por lo que el departamento tenía hasta este miércoles para remitir su carta de emplazamiento.
La ampliación del horizonte temporal para enviar la misiva es una posibilidad que se baraja en caso de que los cambios exigidos sean de gran envergadura. El organismo liderado por Ursula Von der Leyen considera que la normativa empleada para evaluar y fijar los requisitos establecidos en la OPA infringe varias leyes comunitarias, entre ellas, las que garantizan la libertad de establecimiento y de circulación de capitales.
Se trata de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, sobre la que opina que debe ser empleada «correctamente»; la ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, así como la directiva de requisitos de capital. Para estas dos exige un «cambio bastante profundo» al considerar que confieren a Economía una «capacidad de veto» que podría «socavar» los poderes del Banco Central Europeo (BCE), con competencias exclusivas en este ámbito. Este organismo ya mostró su «no oposición» a la potencial unión entre BBVA y Banco Sabadell en septiembre de 2024.
El Ejecutivo comunitario avisó al Gobierno español el pasado mayo de que estarían atentos a la decisión que tomaran y que ésta se adaptase a la ley tras advertir de que no veía razones para poner trabas a la operación. El paso de la operación a ‘fase II’, que se saldó con una serie de compromisos pactados entre BBVA y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, forzaba a Economía a analizar si esta potencial unión debía pasar el filtro del Consejo de Ministros, como así ocurrió. El máximo órgano de decisión del Gobierno acordó el veto a la fusión durante tres años, prorrogables por dos.
La medida fue aprobada al amparo de criterios de interés general distintos a la defensa de la competencia como la cohesión territorial, la protección de los trabajadores o la promoción del desarrollo tecnológico. Desde Moncloa siempre han defendido que las condiciones impuestas se han ajustado al derecho comunitario y que «han sido respetuosos con el marco legal», dado que la normativa doméstica está alineada con la comunitaria.
