La última de ellas fue remitida al regulador el 30 de abril, el mismo día que la Dirección de Competencia aprobó la operación, previo visto bueno a los requisitos planteados. El informe de resolución publicado el pasado viernes recoge todas las veces que el grupo de origen vasco actualizó su propuesta, de las cuales solamente dos de ellas datan en ‘fase I’.
La CNMC recibió el primer documento el pasado 23 de septiembre de 2024, casi cuatro meses después de que le fuera notificada la oferta hostil. No fue hasta pasado un mes, el 25 de octubre, cuando BBVA envió nuevos requisitos con el objetivo de «resolver posibles obstáculos para el mantenimiento de la competencia efectiva que puedan derivarse de la operación». Tras esto, el organismos se decantó a mediados de noviembre e por extender el análisis a la denominada ‘fase II’, que conllevaba un estudio más en profundidad de la potencial unión. La normativa contempla para este proceso un máximo de tres meses, cuyo contador se para cada vez que solicita información, lo que dilató el plazo por casi seis meses, el doble de lo estipulado. En total, a lo largo del periodo envió cinco documentos diferentes, siendo el primero de ellos el 11 de diciembre. El siguiente tuvo lugar el 20 de febrero, momento en el que se trasladó otra ronda de medidas que sustituía a las anteriores junto a las alegaciones contra el Pliego de Concreción de Hechos (PCH) en el que se detallaban los posibles inconvenientes en materia de competencia derivados de la concentración.
BBVA pisó el acelerador en este sentido en abril, después de elaborar hasta tres versiones diferentes. Una vez notificada la del 1 de abril, la CNMC solicitó a terceros operadores información necesaria en aras de valorar la concentración. No obstante, la entidad volvió a la carga el 29 de abril con una propuesta mejorada para presentar la definitiva al día siguiente, que se articula en torno a varios ejes. En el apartado de crédito a pymes, que es una de las que más atención ha suscitado en la pugna entre ambos bandos, BBVA debe mantener las líneas de circulante y financiación para comercio exterior de todas aquellas pequeñas y medianas empresas, así como autonómos, pero también garantizar el volumen de crédito a medio y largo plazo de aquellas que dependan al menos en un 85% de alguna de estas dos entidades. Todos ellos se deben extender por un horizonte temporal de tres años, con posibilidad de prorrogar otros dos más, algo que aplica para el despliegue de una política comercial diseñada a nivel nacional o la promesa de no cerrar las 35 oficinas especializadas en empresas del Sabadell.
En lo relativo al acceso de los cajeros automáticos, BBVA asegura que continuará durante al menos año y medio con las mismas condiciones económicas que en la actualidad ofrecen a clientes de otras entidades, con independencia de si hay acuerdo o no previos con Sabadell para la retirada de efectivo. De forma paralela, otro de los puntos calientes son los servicios de pago. A este respecto, el banco ha pactado con la CNMC no empeorar las condiciones durante 36 meses de los servicios que los clientes tengan contratado para poder realizar transacciones con tarjeta, ya sea con o sin TPV.
Por último, en lo relativo a la inclusión financiera, figura el mantenimiento de la presencia física, así como su horario y servicio de caja en aquellas localizaciones en las que solamente está presente la entidad resultante de la operación y un único competidor más; aquellas zonas en las que el nivel de renta neta per cápita de la población sea inferior a 10.000 euros o haya menos de 5.000 habitantes. Desde el regulador han defendido en todo momento que se trata de medidas «adecuadas, suficientes y proporcionadas» para atajar los problemas que esta concentración provocará en los mercados afectados.
