Entre estos puntos negros destacan:
• la limitación de los alquileres en las zonas definidas como tensionadas,
• la limitación del incremento de las rentas de las viviendas de alquiler al 3% hasta 2025
• la redefinición de gran tenedor, que pasa de diez a cinco inmuebles.
Solo con estos tres despropósitos, si es que la ley llega aplicarse tal cual esta y no se produce el rechazo de las CC AA , se producirán una serie de “descompensaciones territoriales”, además de una incertidumbre cada vez más alta en torno a temas tan importantes como la ocupación o el mercado del alquiler: la historia nos remite a que los resultados de la aplicación de limitaciones de renta de alquiler, por lo general, no solo no limitan las rentas, sino la oferta disponible y con ello provocan un aumento de los precios.
En esta situación y a pesar de que el objetivo declarado de la ley es mejorar el acceso a una vivienda digna para todos, las propuestas presentadas están realizadas a espaldas al sector y obviando las opiniones y sugerencias de los expertos. Es irónico, además, que se hable tanto del derecho fundamental de la vivienda en un país donde la partida presupuestaria dedicada a este fin ha sido insuficiente de manera constante y la carga tributaria supone una losa en toda la cadena de valor que acaba pagando el ciudadano.
Además, nos sitúa ante un peligroso escenario intervencionista que puede traer consigo graves consecuencias a largo plazo que van más allá de la nula o escasa afectación en la tendencia alcista del precio de los alquileres. El resultado será una sociedad más controlada y dependiente del Estado, con las repercusiones para el mercado inmobiliario y la economía en general que ello conlleva.
Y todo ello sin mencionar el presumible aumento de la economía sumergida fruto de la nueva legislación, pues los propietarios buscarán otras soluciones para eludir la limitación de precios impuesta desde el Gobierno, por lo que se producirá un aumento de conflictos entre inquilinos y propietarios y una judicialización del mercado. Así mismo, la calidad del parque de viviendas en alquiler podría disminuir también, ya que los propietarios dejarían de invertir en el mantenimiento de sus propiedades, lo que llevaría a un deterioro paulatino del parque residencial por una deficiente conservación de los inmuebles.
Y todo ello se produce desde un Gobierno que se dice progresista y que cree que la regulación de precios del alquiler y la intervención es la solución a todos los problemas, cuando es toda una falacia que la propia historia se ha encargado de demostrar. Sin una asignación adecuada de recursos, que en la actualidad es mucho más baja que la media europea, ni una colaboración público-privada que dote de simetrías entre derechos y obligaciones, y sin una visión pragmática alejada de la radicalización ideológica será difícil que una política de vivienda sea efectiva y cumpla con su propósito socioeconómico
“En definitiva, esta nueva legislación del Gobierno español es una muestra más de cómo la ideología se impone a la razón y la evidencia empírica. Es una medida política que, lejos de solucionar los problemas del acceso a una vivienda digna, los agrava y los convierte en una carga económica y social aún mayor. La realidad es que este mercado necesita soluciones a largo plazo y políticas efectivas que ayuden a generar un parque residencial de alquiler asequible y sostenible, más allá del problema coyuntural que ha supuesto el aumento de la inflación.
Y si lo que se quiere son soluciones al problema de la vivienda aquí van algunas sugerencias:
• construcción de promociones de obra nueva con fondos privados o mediante la colaboración público-privada
• construcción y rehabilitación de viviendas propiedad de la Administración con recursos públicos
• reconversión y cambio de uso de oficinas y locales comerciales en viviendas de alquiler
• inversión y bonificación a propietarios de viviendas vacías para que las destinen a alquiler
• impulso de medidas para evitar el trasvase de viviendas en alquiler tradicional a alquiler turístico.
