El Ejecutivo, sumido en una dinámica de derrotas consecutivas en el Congreso, parece incapaz de articular un proyecto sólido que evite la dependencia de socios tan volátiles como Junts y Podemos. El sacrificio de medidas cruciales en materia de vivienda, como la moratoria antidesahucios y la prórroga de los contratos de alquiler, revela una estrategia basada en concesiones tácticas para atraer a Junts, pero a costa de profundizar la fractura con sus aliados de izquierda como Sumar, ERC, Bildu y el BNG. Estas formaciones insisten en que el Gobierno incorpore medidas de protección social, especialmente frente a la crisis derivada de la guerra de Irán, mientras Junts y el PNV advierten que no apoyarán el real decreto ley si incluye propuestas que consideran inaceptables.
La renuncia del Gobierno a contar con el PP, tras el ultimátum de Feijóo, y su apuesta por negociar contrarreloj con los socios de investidura, no asegura el éxito de la convalidación parlamentaria. En lo que va de año, el Ejecutivo ha sufrido derrotas notables: el Congreso ha derogado dos veces el escudo social, además de rechazar una norma para limitar los precios de bienes y servicios básicos durante emergencias. Este historial de fracasos ha creado una atmósfera de incertidumbre y desgaste político, con un Parlamento fragmentado y estrategias divergentes entre las formaciones.
El intento de Sánchez por resucitar una mayoría parlamentaria que quedó en el limbo tras el bloqueo de Puigdemont se manifiesta como un ejercicio de malabarismo político, donde el Gobierno oscila entre eufemismos y rodeos sin ofrecer soluciones firmes. La «realpolitik» del PSOE se traduce en maniobras apresuradas: los socialistas han decidido someter a convalidación el texto en tiempo récord, apenas una semana después de su aprobación, en lugar de aprovechar el mes permitido por la ley. Esta urgencia, lejos de garantizar el consenso, augura otra ronda de negociaciones frenéticas y maratones mediáticos hasta el día de la votación. La exclusión de medidas en vivienda no garantiza el apoyo de Podemos, que exige intervenciones directas en el mercado para proteger a la gente trabajadora, mientras la derecha reclama rebajas fiscales y la supresión de regulaciones.
Así, el futuro del decreto anticrisis y de la legislatura está en manos de un Parlamento fragmentado y de unos socios cada vez más distanciados, mientras la ciudadanía observa cómo, entre amenazas y ultimátums, se diluye la posibilidad de una agenda social valiente y coherente.
El país asiste expectante a una partida de ruleta rusa parlamentaria que amenaza con dejar a la población desprotegida, en un escenario donde las decisiones cruciales parecen depender más de la aritmética política que del compromiso con las necesidades reales.
