En efecto, CEOE y Cepyme han coincidido con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en su rechazo a la introducción sorpresa, en el Real Decreto Ley 7/2023, una reforma del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores por el que se fija la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales, en línea con los acuerdos de investidura con el PNV. Ambos actores han coincidido en lamentar que se haya obviado el diálogo social, mientras los sindicatos han exigido una reunión con la ministra y el resto de agentes sociales.
Los términos utilizados por los agentes sociales han sido muy gruesos. La patronal critica que hayan impulsado estas modificaciones «sin preaviso y desde el desprecio al diálogo social». Unas críticas que han difundido ambas organizaciones empresariales en un comunicado conjunto tras la reunión de su junta directiva. Por su parte, los sindicatos UGT y CC.OO. han apuntado que «cualquier variación del Estatuto de los Trabajadores debe abordarse en el marco del diálogo social con carácter previo, aun reconociendo –como no puede ser de otra manera– la capacidad legislativa que otorga nuestra Constitución tanto al Parlamento como al Gobierno».
Además, han añadido, que «tampoco se ha producido una negociación con todas sus consecuencias en materia de subsidio de desempleo». UGT y Comisiones Obreras han apostado por «la coexistencia de distintos ámbitos territoriales de convenio colectivo, que deben articularse en función de cada realidad sectorial». En este sentido, han apostado por la compatibilidad entre los marcos estatal y autonómico, «pudiendo incentivarse además la racionalización de los espacios provinciales de convenio colectivo».
Por su parte, CEOE y Cepyme, han argumentado también su rechazo «total» a este cambio, en que «atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional» justo cuando, a nivel europeo y dentro de la presidencia española del Consejo de la UE, se están desarrollando esfuerzos «para reforzar la unidad de mercado como elemento fundamental de competitividad». Las patronales también sostienen que «la materialización de este acuerdo político supondrá un deterioro de la cohesión social y de la competitividad española». Además, recuerdan al Ejecutivo que la Constitución española recoge el mandato de consultar a los agentes sociales modificaciones de este calado en la negociación colectiva.
CEOE y Cepyme también han recordado al Gobierno que esta cuestión demandanda por los nacionalistas vascos se acordó no incluir en la última reforma laboral, la de 2021, pactada en el diálogo social tripartito como hito necesario para poder seguir recibiendo los fondos europeos. «El Gobierno, una vez cumplido el mandato de la UE de contar con una reforma laboral pactada con los sindicatos y las organizaciones empresariales, se ha saltado de forma radical los acuerdos alcanzados en el diálogo social. Esto demuestra una falta de lealtad y confianza imprescindible para el diálogo social», concluye el comunicado.
