Está previsto que el instructor le interrogue de nuevo, esta vez por la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.
Aunque el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ya había empezado a investigar la presunta malversación en el marco de la contratación de Álvarez, hasta el pasado 18 de agosto no había imputado dicho delito a Gómez. Solo estaba investigado por su presunta participación en estos hechos el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien ejerció como secretario general de la Presidencia en julio de 2021 y en su declaración como imputado –en mayo– se desvinculó del nombramiento.
Hasta que Peinado amplió la causa, la esposa de Pedro Sánchez figuraba como investigada por cuatro delitos: tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
Cabe recordar que la investigación nació en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios –como el investigado Juan Carlos Barrabés– que se presentaban a licitaciones públicas.
Desde entonces, el juez ha ido abriendo nuevas ramas de investigación consecuencia de querellas presentadas por Hazte Oír y por Vox por presuntas irregularidades en el registro del ‘software’ de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que dirigía Gómez y por supuestas irregularidades en la contratación de la asesora de la esposa de Pedro Sánchez.
En agosto, el juez imputó a Gómez un presunto delito de malversación por el nombramiento de su asesora a raíz del pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado junio, por el que se anuló la declaración como testigo de Álvarez y se validó únicamente lo que manifestó en su declaración como investigada, ratificando en este sentido los indicios en su contra de presuntos delitos de tráfico de influencias.
En el marco de dicha resolución, la Audiencia Provincial emplazó a Peinado a centrar la investigación y le instó a fijar los indicios de responsabilidad que se le podrían imputar a la asesora.
No obstante, el órgano advirtió de que Álvarez no podría haber cometido un delito de malversación como «funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior». A su juicio, solo era posible atribuirle a la trabajadora de Moncloa un presunto delito de tráfico de influencias por su «connivencia o anuencia con esa conducta».
Para justificar la imputación del delito de malversación a Gómez y Álvarez, Peinado incluyó en su auto un extracto de la resolución de la Audiencia Provincial. «Otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con este nombramiento», apuntaban los magistrados.
Para la Audiencia Provincial, ello «podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno». mAsí las cosas, Peinado vio pertinente «citar en calidad de investigadas por el supuesto delito de malversación de caudales o efectos públicos a Cristina Álvarez y a Begoña Gómez». El juez fijó la declaración de la asesora para el 10 de septiembre, mientras que la de la esposa de Sánchez la señaló para el día 11.
La defensa de Gómez, sin embargo, pidió al instructor que suspendiera dicha citación y fijara una nueva fecha, porque ese día tiene que defender a otro cliente en un procedimiento en un juzgado de Canarias. Está pendiente que Peinado se pronuncie.
La decisión del instructor de investigar a Gómez y a Álvarez por malversación supuso un cambio de criterio respecto a lo que concluyó el pasado mayo, cuando imputó al delegado del Gobierno en Madrid y descartó investigar a ambas por dicho delito al considerar que no tenían responsabilidad en el nombramiento.
Hoy por hoy figuran cuatro investigados en la causa: la propia Begoña Gómez; su asesora Cristina Álvarez; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre; y el empresario Juan Carlos Barrabés. Aunque Peinado llegó a tomar declaración como testigos y luego como investigados al rector de la Complutense, Joaquín Goyache; y al directivo del IE Business School, Juan José Güemes, la Audiencia Provincial levantó sus imputaciones.
Por su parte, han comparecido como testigos varios directivos de las empresas que invirtieron en el ‘software’ del que presuntamente se habría apropiado Gómez, así como cargos de la Complutense.
También han testificado el propio Pedro Sánchez, que se acogió a su derecho a no declarar por ser cónyuge de Gómez; y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien se desmarcó de la contratación de Álvarez. Peinado, sin embargo, propuso investigar a Bolaños en el Supremo por un delito de malversación –vinculado al nombramiento de Álvarez– y un delito de falso testimonio –que apreció en su declaración judicial–. El alto tribunal rechazó abrir causa.
El ministro ha presentado una queja ante el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el interrogatorio que el practicó Peinado el pasado abril en la sede de La Moncloa. Está pendiente que el órgano resuelva si hay elementos suficientes para abrir un expediente al juez o, si por el contrario, archiva las diligencias informativas abiertas.
Con todo, se prevé que en este nuevo curso judicial, Peinado termine sus pesquisas, toda vez que se jubilará en septiembre de 2026 al cumplir los 72 años, la edad máxima para ejercer en la carrera judicial. Así las cosas, deberá dejar la causa en manos de otro juez, decretar el archivo o procesar a los investigados.
