El juez Juan Carlos Peinado ha archivado la investigación por presunta malversación contra la secretaria general de la Presidencia del Ejecutivo, Judit González, en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado ha tomado esta decisión, que supone el sobreseimiento libre para la alto cargo de Moncloa, tras tomarle declaración como investigada este domingo.
Judit González ha contestado a las preguntas del magistrado y de su letrado, desvinculándose de haber podido cometer malversación en lo relacionado con el puesto de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, detallan las fuentes.
El juez, en el auto, ha indicado que quiere escucharla «en calidad de investigada por el delito de malversación de caudales públicos». Considera que su declaración «no puede ser en calidad de testigo» debido al «comportamiento de carácter pasivo» de su antecesor en el cargo, Francisco Martín Aguirre, que fue secretario general de la Presidencia desde julio de 2021 hasta marzo de 2023.
Además de la secretaria general de Presidencia. Peinado va a interrogar al presidente del Instituto de Empresa, Diego de Alcázar, que explicó a Peinado en su primer interrogatorio que se contrató a Begoña Gómez porque tenía un currículum «adecuado».
También van a prestar declaración Miguel Escassi, responsable institucional y de políticas públicas de Google, que ya explicó su colaboración con la plataforma que se desarrolló en el seno de la cátedra que codirigía Begoña Gómez, y Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), quien ya declaró que el entonces rector, Joaquín Goyache, le mandó crear «una cátedra para Begoña Gómez».
El juez Peinado investiga cinco presuntos delitos en esta causa: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación. La malversación y el tráfico de influencias son los delitos por los que el juez considera que el caso debe ser juzgado por un jurado popular.
La causa empezó en abril de 2024 tras una denuncia presentada por la organización Manos Limpias que acusaba a la mujer de Pedro Sánchez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas.
