Según el informe, el valor del índice pasa de 63,3 en 2024 a 63,8 en 2025, un avance motivado sobre todo por la revisión al alza de las previsiones de crecimiento económico del FMI. En esta edición MCGPI ha analizado 52 sistemas de pensiones, incorporando a Kuwait, Namibia, Oman y Panamá, lo que supone el 65% de la población mundial. El estudio evalúa a los países a nivel global utilizando más de 50 indicadores, distribuidos en tres subíndices principales: suficiencia (40%), sostenibilidad (35%) e integridad (25%). En 2025, los sistemas de pensiones de Países Bajos, Islandia, Dinamarca e Israel mantienen la máxima calificación (A). Por primera vez, Singapur alcanza también el nivel A, siendo el único país asiático que logra esta distinción.
En el caso de España, el sistema de pensiones alcanza una puntuación global de 63,8 (C+), lo que refleja un equilibrio entre una elevada adecuación (83) y unas notas menos destacadas en sostenibilidad (34,2) e integridad (74,4). Aunque el sistema público de reparto proporciona buenas prestaciones, persisten desafíos importantes, especialmente ligados a su sostenibilidad a largo plazo y a la limitada cobertura de los planes de pensiones de empleo, a pesar de los esfuerzos legislativos realizados en los últimos años para impulsarlos.
Además, la regulación española fija límites a la inversión de los fondos de pensiones, como el máximo del 30% en activos inmobiliarios, alineándose con otras restricciones impuestas en el ámbito europeo. Para avanzar hacia un sistema más sólido y sostenible, el informe recomienda ampliar la participación en planes de empleo y potenciar fórmulas que garanticen una renta periódica en la jubilación.
Ante un contexto global cada vez más incierto, el crecimiento y volumen de los activos gestionados por los fondos de pensiones lleva a muchos gobiernos a explorar cómo canalizar parte de este capital hacia prioridades nacionales. El índice de este año analiza cómo las intervenciones gubernamentales pueden tener efectos imprevistos y propone ocho principios para que los gobiernos consigan equilibrar los intereses de los partícipes de los planes de pensiones privados y las prioridades generales del país.
Los gobiernos de todo el mundo llevan años influyendo en la manera en que los fondos de pensiones privados invierten, ya sea imponiendo directrices para proteger a los jubilados o impulsando que el sector de las pensiones contribuya al desarrollo económico nacional. En países como Reino Unido, Canadá, Australia o Malasia, recientemente se ha incentivado a los fondos de pensiones para que apoyen la inversión en infraestructuras e innovación local. Al mismo tiempo, en otros lugares sigue vigente el debate sobre si los planes de pensiones deben verse obligados a tener en cuenta factores medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG), en lugar de centrarse únicamente en la rentabilidad financiera. “Los sistemas de pensiones con restricciones nulas o limitadas tienden a obtener mejores resultados en el Índice”, señala Tim Jenkins, autor principal del informe y socio de Mercer. “Esto sugiere que, en lugar de imponer obligaciones, los gobiernos podrían centrarse en ofrecer opciones de inversión atractivas, fomentar la transparencia y una buena gobernanza, y promover la colaboración con el sector privado para reforzar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y el crecimiento económico”.
Los países que han obtenido una puntuación superior a 80 en el Índice han logrado la calificación A. Estos sistemas destacan por ofrecer ingresos de jubilación sólidos, sostenibles y con altos estándares de integridad.
Llama la atención que ocho sistemas de pensiones han mejorado su calificación en el Índice respecto al año anterior y ninguno ha sido rebajado. Este avance evidencia una mejora global en la provisión de ingresos para la jubilación, un aspecto esencial en un contexto de mayor esperanza de vida y descenso de las tasas de natalidad.
