«Con independencia de la fijación del Pleno extraordinario interesado el 14 de noviembre de 2023, pendiente de señalamiento, para debate y aprobación de una declaración institucional sobre la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, y sin perjuicio del resultado de tal debate, los Vocales de la Asociación de Fiscales requerimos que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14.4.k del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), en relación con el art. 118.q del Reglamento, se incorpore en el próximo Pleno ordinario un punto en el orden del día que tenga por objeto» la defensa de los miembros de la Fiscalía que hayan intervenido o lo estén haciendo en las causas vinculadas con el denominado procés.
«Con ocasión de la publicación del acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts en fecha 9 de noviembre de 2023 y el registro ante la Mesa del Congreso de los Diputados la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, se ha puesto en entredicho la adecuación a los principios constitucionales de los Fiscales que han intervenido y aún siguen interviniendo en los procesos judiciales afectados por tal proposición», lamentan los seis vocales de la AF y, por lo tanto, y tal y como avanzaba este periódico hace unos días, han recordado al fiscal general, recién renovado en su cargo, su obligación de convocarles en defensa de sus compañeros de Cataluña y del Supremo.
«El cuestionamiento de la sujeción a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad de los Fiscales se extiende a lo largo de toda la Carrera Fiscal, desde los Fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en los procedimientos celebrados ante la Sala Segunda, pasando por las Fiscalías ante el Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional o del Tribunal de Cuentas y llegando a todas las Fiscalías de Cataluña, que asumen la llevanza de los distintos procedimientos, desde la fase de instrucción hasta la de ejecución», afirman los firmantes de la petición.
«Y, por supuesto, alcanza a la propia Fiscalía General del Estado, que ha tenido conocimiento, supervisado y convenido en cada actuación realizada en estos procedimientos, garantizando con ello el principio de unidad de actuación», han señalado. Por otra parte, subrayan que «resulta inaceptable que se atribuya de forma gratuita e infundada a estos Fiscales una desviación del ejercicio de las funciones que nos son propias como integrantes del Poder Judicial con el fin de servir a un supuesto propósito de judicialización de la política».
