El juicio ha tenido por escenario la capital cántabra ya que, de acuerdo con la normativa procesal, cuando se demandan empresas con diferentes domicilios sociales, el demandante, en este caso Iberdrola, puede elegir el lugar de cualquier de esos domicilios.
Concluida la vista oral y con la sentencia que podría conocerse en las próximas semanas, fuentes de Iberdrola destacan como positivo que se hable de ‘greenwashing’ para «proteger a los consumidores y al planeta». Desde la eléctrica subrayan que la ciudadanía demanda una información veraz y clara, «sin engaños». En las conclusiones, el letrado de la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán ha defendido que de acuerdo a la prueba practicada, y en opinión de Iberdrola, se ha acreditado la acción ejercitada y que los mensajes y las campañas publicitarias denunciadas son engañosas por no adecuarse a la realidad de la actividad de Repsol.
Desde la eléctrica consideran que no son coherentes con las inversiones de Repsol y que omiten en sus expresiones «datos esenciales» de sostenibilidad relacionadas con las emisiones de la empresa y que, por tanto, «son engañosos». En este sentido, manifiestan que la demanda no discute la actividad real de Repsol, sino lo que se denuncia se ha producido porque, a juicio de Iberdrola, la comunicación comercial de la compañía no es real y coherente con su actividad real. «Sin duda ha puesto en el debate público y judicial que la sociedad en su conjunto rechaza el ecopostureo o ‘greenwashing’ y que la publicidad debe responder a una imagen fiel de las empresas y los productos objeto de la misma», apuntan desde Iberdrola.
De su lado, Repsol ha reiterado que la demanda de Iberdrola carece de fundamento, por lo que ha solicitado la desestimación de la demanda. Según fuentes de la multienergética, Iberdrola pretende limitar la competencia de Repsol en el mercado eléctrico -donde cuenta con 2,4 millones de clientes-, usando la ley de competencia desleal y empleando acusaciones de publicidad engañosa, a su juicio, basadas en «argumentos y mensajes sesgados y sacados de contexto».
Las mismas fuentes destacan que en la vista oral ha demostrado que es la compañía de su sector que más ha reducido sus emisiones entre 2019 y 2023. Repsol recuerda que Autocontrol ya le dio la razón sobre una de sus campañas, reclamada por Iberdrola ante el organismo regulador de la publicidad, y, en cambio, este mismo organismo sí que solicitó a Iberdrola la rectificación de una de sus campañas por considerar que engañaba a los consumidores. También defiende que está en su derecho a comunicar sus avances en la transición energética con el objetivo de convertirse en una empresa con cero emisiones netas en 2050, un compromiso reconocido por numerosas instituciones de prestigio internacional», añaden desde la empresa.
Jurídicamente la demanda es pionera, ya que el ‘greenwashing’ como tal no es algo tipificado actualmente en el ordenamiento jurídico español. En el caso de la Unión Europea, se ha fijado como uno de los objetivos prioritarios la lucha contra el cambio climático, obligándose a conseguir una reducción de emisiones del 55% a 2030 y la neutralidad climática en 2050, y para ello se ha aprobado diversa normativa de aplicación obligatoria, en el ámbito energético, de las finanzas sostenibles o la protección de los consumidores. De hecho, existe la directiva europea sobre empoderamiento de los consumidores para la transición verde, aprobada en febrero y que introduce normas específicas para hacer frente a las prácticas comerciales desleales que inducen a error, como el ‘greenwashing’, aunque no ha sido todavía transpuesta por España.
El pasado mes de febrero, Iberdrola interpuso su demanda al amparo de la Ley de Competencia Desleal, basándose en los artículos de actos de engaño (art. 5), omisiones engañosas (art. 7) y publicidad ilícita (art. 18) en el marco de sus campañas de publicidad y comunicaciones corporativas. La eléctrica acusa a Repsol de promocionar iniciativas sostenibles, «cuando, en su opinión, su «oferta multiproducto busca fomentar el uso de carburantes», así como «centrarse en la sostenibilidad, cuando constituye un elemento menor de sus actividades actuales». Además, el grupo considera que las campañas de Repsol constituían «una infracción de la Ley de Competencia Desleal, al incluir actos de engaños y omisiones engañosas sobre el compromiso medioambiental de la compañía».
El objetivo de Iberdrola con esta demanda es solicitar que se declare que Repsol está llevando a cabo actos de competencia desleal, condenando a la compañía a cesar en la realización de estos, prohibirle su reiteración futura y remover sus efectos. Asimismo, pide que se publique la sentencia por Repsol en el apartado ‘Sala de Prensa’ de su página web corporativa, y en radio y televisión, al menos una vez al día durante una semana, en los mismos canales y la misma franja horaria y duración que tuvieron los contenidos declarados ilícitos, así como en dos periódicos de mayor circulación a nivel nacional, y en las redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Flickr y TikTok).
Repsol defiende su estrategia en cuanto a su ambición en la transición energética, «con el único objetivo de ofrecer los bienes y servicios que la sociedad demanda, a un precio competitivo, con la menor huella de carbono posible y garantizando a su vez el suministro». Además, pone en valor que en cinco años se ha convertido en una compañía multienergética, «con una oferta comercial única en España que incluye ahorros a sus clientes y capacidad para satisfacer las necesidades energéticas y movilidad de cualquier cliente». La compañía presidida por Antonio Brufau destaca que cuenta con dos gigavatios (GW) en renovables de capacidad instalada en España, más de 2.000 puntos de recarga eléctricos operativos y casi 600 estaciones de servicio en las que comercializa combustible 100% renovable (de una red de 3.300 puntos de venta en España).
