Costa presentó su renuncia ante el presidente de la República, Rebelo de Sousa, en la segunda visita que realizó a su residencia oficial de Belém en menos de cuatro horas, cuando ya se había divulgado que el Tribunal Supremo había abierto una investigación separada para esclarecer el papel del primer ministro en la concesión de dos explotaciones de litio en Montalegre y Covas do Barroso y un proyecto de producción de hidrógeno verde en Sines. Costa ha dicho que “obviamente presenté mi dimisión” y que se va “con la conciencia tranquila”.
En su declaración ante la prensa en el palacio de São Bento, que horas antes había sido registrado por la policía, Costa señaló que “la dignidad” del cargo era incompatible con la apertura de una investigación por el Supremo. “Mi obligación es también preservar la dignidad de las instituciones democráticas”, subrayó. Las dos ideas que repitió durante su intervención, que incluyó algunas preguntas de la prensa, fueron que ignoraba los actos que son considerados sospechosos, pero que el simple anuncio de la Procuradoría General de la República (Fiscalía) de que sería investigado le invalida para continuar al frente del Gobierno. “Yo no estoy por encima de la ley, si hay alguna sospecha que sea investigada”, indicó después de reivindicar el “orgullo” de haber reforzado los medios judiciales para combatir la corrupción. “Estoy tranquilo con el juicio de mi conciencia, no ya respecto a actos ilícitos, sino incluso censurables”, destacó.
La operación se enmarca en una investigación del Departamento Central de Investigación y Acción Penal, que comenzó a finales de 2019 tras una denuncia anónima para dilucidar si se habían producido tratos de favor hacia empresas portuguesas (EDP, Galp y REN) para explotar un negocio de hidrógeno verde en Sines, el gran polo industrial creado alrededor del puerto que está transitando de las fábricas contaminantes del pasado a las descarbonizadas. El proyecto inicial para exportar hidrógeno verde a Holanda había sido presentado por un empresario holandés en el verano de 2019, antes de que el Gobierno implicase públicamente a las tres empresas lusas en el mismo. Además, en la causa se investigan las concesiones para explotar litio en Montalegre.
Las irregularidades salpican al otro gran proyecto de explotación de litio en Covas do Barroso, a pocos kilómetros de la frontera con Galicia, que recibió este año la autorización de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente, a pesar de recibir cerca de un millar de alegaciones en contra y de un informe contrario de un relator de la ONU. El lugar es, además, el único enclave portugués declarado Patrimonio Agrario Mundial por la FAO. La Agencia de Medio Ambiente dio luz verde en mayo al proyecto de la empresa británica Savannah Lithium, pese a reconocer en su informe que pondrá en peligro la declaración del organismo de Naciones Unidas. “Las afectaciones directas o indirectas, incluyendo los impactos residuales, impuestos por la elevada presión de proyectos sobre el área puede comprometer la clasificación de Patrimonio Agrícola Mundial. Se considera además que no existe compatibilidad y posibilidad relevante de integración paisajística del proyecto en el territorio”, observaba la agencia portuguesa en su declaración.
La investigación de las presuntas irregularidades en concesiones presentadas como esenciales para la transición energética afecta tanto al actual ministro de Medio Ambiente, Duarte Cordeiro, como a su antecesor, João Pedro Matos Fernández. Ambos podrían ser declarados arguidos (imputados) en las próximas horas, así como el actual ministro de Infraestructuras, João Galamba, que fue secretario de Estado de Energía en la etapa de Matos Fernández. Galamba estaba en entredicho desde hace meses por su gestión de la crisis política relacionada con la aerolínea TAP, que le llevó a tener que declarar en una comisión de investigación parlamentaria.
La Procuraduría General de la República confirmó a comienzos de enero que estaba en marcha una investigación bajo secreto judicial sobre negocios relacionados con el litio y el hidrógeno verde. Tras ser preguntado por este proceso, el ministro Galamba respondió: “Nunca fui escuchado sobre ese proceso absurdo, exactamente porque es absurdo y vacío”, según recuerda este martes Público.
Por esta operación, el anterior ministro de Medio Ambiente, João Pedro Matos Fernández, tuvo las comunicaciones intervenidas por orden judicial. En cuatro de las varias conversaciones interceptadas fue grabado el primer ministro António Costa. Tres de ellas fueron destruidas y descartadas por resultar irrelevantes para la investigación, pero hay una cuarta, registrada el 28 de diciembre de 2020, en la que Costa y su ministro abordan los negocios del litio y del hidrógeno verde, la posibilidad de atraer fondos comunitarios y miles de millones de inversores, según el semanario Expresso.
