Pedro Pacheco González ha comparecido, este miércoles, en el Senado tras desvelar en un informe los incumplimientos de la empresa de Aldama, Soluciones de Gestión, con el Gobierno autonómico del actual ministro de Política Territorial
Pacheco González, presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias ha sido muy revelador en su comparecencia en el Senado: hubo muchas irregularidades en la compraventa de material sanitario, en pandemia, desde la comunidad autónoma que, por aquel entonces capitaneaba el hoy ministro Torres, a la empresa propiedad del principal comisionista de la trama, Víctor de Aldama.
Así lo desveló el alto funcionario en un informe en el que se detallaron los incumplimientos contractuales en los que, presuntamente, incurrió a empresa Soluciones de Gestión, proveedora de mascarillas y trajes EPI por mediación de Koldo García, mano derecha del entonces titular de Transportes Ábalos, con el Gobierno regional. Un dictamen que Pacheco ha confirmado en sede parlamentaria y cuyo contenido está siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía Europea.
El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias se detenía en explicar los resultados de la labor fiscalizadora del órgano, el cual arrancó en la pasada legislatura, relativa a las adjudicaciones de compras sanitarias de emergencia. En dicha investigación se detectaron anomalías severas en los acuerdos que incluían a varios proveedores de material , entre los que se encontraba Soluciones de Gestión. También afloraron las presuntas responsabilidades contables en el caso del contrato de RR7.
Pacheco ha explicado cómo a la vista de las primeras incidencias, se abordó un procedimiento de alcance, aunque sin tener en cuenta las posibles mordidas que se pudieron generar de los contratos a Soluciones de Gestión por valor de 12 millones de euros. En concreto, y según señalaba el senador del PP de Foronda, «faltan 2.100.000 euros» facturados por esta empresa de mascarillas que nunca llegaron y «eso pudo convertirse en mordidas».
Pacheco González, además, ha desvelado que el gobierno de Ángel Víctor Torres dio una adjudicación por valor total de 1,3 millones de euros para la compra de mascarillas a «una empresa que se constituyó después de sellar el contrato» comercial con la misma.
Respecto a las irregularidades en los contratos a la empresa RR7, confirmó un «perjuicio económico» de 4 millones de euros. Su testimonio ha dejado claro que el Ejecutivo socialista de Torres no permitió la publicación de los contratos de emergencia hasta después de la pandemia y que, a pesar de que fue advertido de las irregularidades, el actual ministro no hizo nada para frenar el pelotazo de las mascarillas.
Un escenario en el que la oposición política considera que Torres «no sólo fue el mejor cliente de Aldama y Koldo, sino el aliado necesario para que todos se enriquecieran», a costa de una situación inédita y con riesgo para la salud pública, en las islas.
