Así lo ha anunciado la secretaria general del PP, Gamarra, quien considera que esos tres magistrados «no dan garantías de imparcialidad ni de independencia en la resolución a la hora de conocer y de resolver un recurso de esa magnitud». A su juicio, la Ley de Amnistía es una «mala ley» que demuestra que Sánchez no solo es «un mentiroso compulsivo», sino que también se caracteriza por «ser un chapuzas en su actividad legislativa».
Reconoce que los efectos de la ley ya son irrevocables, pues ya no se podrá procesar a los que han sido amnistiados, pero «sí se podrá revertir la devolución de la dignidad a todos los españoles» con otro Gobierno «que respete y garantice que todos los españoles son iguales ante la ley».
Gamarra ha aprovechado para criticar que los ministros del Gobierno de coalición se sumen a las críticas independentistas a los jueces que frenan la aplicación de la Ley de amnistía y cree que el PSOE «ha perdido las esencias mínimas de una democracia donde la separación de poderes y el respeto y el respaldo al Poder Judicial es una de las premisas básicas».
«Es la clara demostración de que no tenemos un Gobierno que gobierne, sino que tenemos un Gobierno que para poder ocupar las instituciones depende de los independentistas y que no tiene ningún tipo de reparo ni de escrúpulo en asumir el discurso del ataque al Poder Judicial si con eso se garantiza el apoyo un mes más o el apoyo a una iniciativa en la que necesite los votos de los independentistas», sostiene.
Para la dirigente ‘popular’, este primer año de legislatura viene marcado por «la compra de investiduras», primero la de Sánchez y ahora la de Salvador Illa en la Generalitat: «Pedro Sánchez lo único que busca es permanecer en el poder a cualquier precio. Y esto es una corrupción política que no se puede permitir y que no se puede normalizar», ha enfatizado.
Pero Gamarra está convencida de que a Sánchez «no le va a salir gratis convertir la política española en un zoco»: «Habrá podido indultar y amnistiar, pero la democracia española y los españoles no van ni a indultar ni a amnistiar». Además, asegura no tener «ninguna duda» de que el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) saldrá al paso de esas críticas a jueces y también espera que el Tribunal Constitucional no permita que sea el Gobierno quien «le marque la hoja de ruta» con esas declaraciones de ministros anticipando las resoluciones que deben adoptar.
En su opinión, «este Gobierno ya ha demostrado que está inhabilitado para un normal funcionamiento de la democracia» y «lo que debiera hacer es aplicar las resoluciones judiciales cuando tiene obligación de aplicarlas». «Eso es la separación de poderes y la normalidad democrática».
