Cinco años después de la fecha límite, prevista por la Constitución, ambas formaciones han suscrito en Bruselas un pacto salomónico – que cuenta con la bendición de la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová– y en virtud del cual los 20 asientos que conforman el Pleno del máximo órgano de los jueces, quedarán repartidos al 50%, en una proporción de 10 consejeros para los socialistas y otros 10 para los populares.
Todos ellos «de trayectorias acreditadas y una solidez formativa fuera de toda duda». En esta ocasión no habrá cuotas reservadas para terceros partidos, como el PNV o Sumar.
La ejecución de lo acordado será «inmediata» e implica una «aprobación simultánea de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ambas cuestiones serán refrendadas en la misma sesión plenaria del Congreso de los Diputados, en el mes de julio», ha podido adelantare este diario. Dicha modificación normativa «encarga a los nuevos integrantes del Consejo, la redacción de un proyecto de ley que reforme el método de elección de integrantes en el órgano de gobierno de los jueces que tenga en cuenta las exigencias de la Comisión europea y sus recomendaciones acerca del Estado de Derecho» en el resto de los países miembros.
No en vano, el nuevo texto legal tendrá que incluir, de manera expresa, un nuevo «modelo de participación directa y de votación para que los jueces puedan elegir a sus representantes» en el seno del CGPJ.
Además, ninguna sensibilidad podrá imponerse sobre las otras: todas las decisiones tendrán que ser adoptadas por mayoría reforzada de tres quintos. También en lo referido, por ejemplo, «a la designación de perfiles que cubran las vacantes en tribunales de justicia autonómicos o audiencias provinciales». Por otra parte, «el Gobierno no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo». De manera que, por primera vez en la historia «serán los nuevos vocales del Consejo los que escojan al magistrado que presida el Alto Tribunal. Lo harán por un mínimo de 12 votos a favor y sin candidatos sugeridos» por parte de los partidos políticos.
De esta manera, en cuanto al presidente o presidenta, que en este último caso se convertiría en la primera mujer al frente de la institución, tendrá que ser elegido por los vocales, y habrá de ser un candidato de consenso que obtenga, previo acuerdo entre los partidos, los suficientes apoyos para no incurrir en un empate técnico. En cualquier caso, quien ostente la condición de presidir el Pleno, no podrá ejercitar el derecho de veto o el voto de calidad, en caso de empate técnico.
Y es que, la letra pequeña del texto suscrito con los nuevos nombres seleccionados para situarse al frente del Poder Judicial español, prevé una pequeña reforma legal en la se ha acordado que las decisiones adoptadas, al menos en materia de nombramientos de jueces y magistrados, tendrán que ascender a una mayoría reforzada de tres quintos. Esto es, doce de los veinte vocales que conforman el cónclave.
Cabe recordar que el presidente del CGPJ también está llamado a presidir el Tribunal Supremo, durante el mismo tiempo en el que se extienda el mandato del órgano en su conjunto. Desde que dimitiese el último presidente electo, el magistrado Lesmes, en diciembre de 2017, el Consejo ha ido encadenando varios titulares interinos. El primero, el también magistrado Mozo, desde el 13 de octubre de 2022 hasta el 19 de julio de 2023, fecha en la que se vio olbigado a abandonar el cargo al cumplir la edad legal máxima permitida para ocuparlo. El segundo, todavía a los mandos, el catedrático Guilarte cuya suplencia arrancó el 20 de julio de 2023 y se mantiene activa.
En cuanto a los criterios de idoneidad fijados para este nuevo CGPJ, se han tenido en cuenta los incorporados en el Plan de Calidad Institucional presentado por Alberto Núñez Feijóo, en Cádiz, en enero de 2023. Unos parámetros de mínimos que serán «incorporados a la nueva ley pero de obligado cumplimiento, ya para la presente renovación» de los nuevos integrantes del órgano constitucional.
El acuerdo implica, también, la «prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado». Por tanto, tanto PP como PSOE se comprometen a que no vuelva a producirse, nunca más, un nuevo caso como el de Dolores Delgado». El marco del acuerdo, icnorpora que la vacante del TC, generada por la renuncia, por razones de enfermedad, del magistrado Montoya Melgar, hace dos años, sea cubierta, a propuesta del Grupo Popular en el Senado, por José María Macías, hasta la fecha, vocal del CGPJ.
El sector de la derecha no encajaba bien que el PP hubiese aceptado consensuar con el Gobierno, un cambio en el CGPJ, máximo órgano de la Magistratura española, encargado de sus más altos nombramientos, especialmente tras los últimos escándalos que salpican a la Fiscalía, por las presuntas filtraciones de los datos del novio de Díaz Ayuso; la polémica revisión del Constitucional a las sentencias firmes del Supremo en el caso ERE, para borrar penalmente los delitos de prevaricación y malversación; o, al permanente señalamiento de los jueces y magistrados que investigan la posible corrupción de la mujer del presidente.
Por su parte, los socios de Sánchez, incluido Sumar, le instaban a no entenderse con el PP al que han situado al otro lado del ‘muro’ de contención de la ultraderecha, en el relato político instalado tras las elecciones europeas. Sin embargo, el líder de los socialistas era consciente de que sólo podría alcanzar una mayoría renovadora de tres quintos, como la que exige la remodelación del CGPJ, con el PP. Así que no les ha quedado otra.
