En concreto, denuncia que el derecho a la defensa de la ex conselllera está siendo «gravemente» afectado por la forma en que Ruiz Tobarra está conduciendo la instrucción. Y advierte haber «detectado irregularidades» que a juicio de esa defensa «vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento». En su queja, el letrado Eduardo de Urbano pide al CGPJ que incoe diligencias informativas «a fin de que se investiguen los hechos relatados». Y que en tanto se efectúa dicha investigación «y ante la gravedad de los hechos» de la queja «se considere suspender a la citada magistrada de seguir con la instrucción, diponiéndose entre tanto que continúe con la misma su sustituto legal».
Entre los motivos que han impulsado a Eduardo de Urbano, abogado de Salomé Pradas a presentar esta queja se encuentra la «existencia de indicios de participación activa de un juez ajeno al procedimiento en la tramitación de la instrucción». En concreto, la defensa de Pradas se refiere en su escrito ante el CGPJ a que: «Una reciente noticia de OKDIARIO recoge que diversas fuentes aseguran a este periódico que no es la primera vez que puede verse a este magistrado, bien en las inmediaciones o incluso dentro del juzgado de su mujer, cuando practica diligencias sobre el sumario de la DANA».
Entre los motivos de queja, la defensa de Salomé Pradas destaca la existencia de resoluciones judiciales que contienen afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente, la «predeterminación» del objeto de la instrucción; la «denegación» reiterada de diligencias solicitadas por las partes; la limitación del derecho de defensa durante las declaraciones y la «posible intervención de personas ajenas al procedimiento judicial». Así como el «uso de informaciones periodísticas no contrastadas como base de resoluciones judiciales».
