Es nas desde el ministerio del ramo se aseguraba que “en 14 comunidades autónomas baja el paro”, o que “2023, con una bajada en términos interanuales del número de parados de 130.197 (-4,59%), ha sido, por tanto, un año muy positivo en términos de empleo pese a la incertidumbre de la coyuntura internacional”. También se pudo leer que “el desempleo de los jóvenes menores de 25 años es el menor de la serie histórica”. Había autosatisfacción, asimismo, por la marcha de la contratación en términos como que “el 72% de los contratos registrados en la construcción y el 52% de los firmados en la agricultura han sido indefinidos”. No hay que olvidar que, en 2023, España batió el récord histórico de ocupados con 21,23 millones en el tercer trimestre del año pasado.
Pues bien, si aquello era cierto cómo es posible que habiéndose reducido el número de parados en 130.197, una cifra sin duda destacable, el gasto en prestaciones por desempleo aumentara en 1.345 millones de euros, un 6,47% en relación con el efectuado en 2022, y todo según datos del propio Ministerio de Trabajo y Economía Social. Como se sabe, la economía española cerró el pasado año con 2.707.456 desempleados registrados en el SEPE. Lo había empezado con 2.908.397 a cierre del mes de enero. Pero no todos los desempleados tienen derecho a recibir prestaciones económicas cuando pierden su puesto de trabajo. Es necesario haber cotizado a la Seguridad Social un mínimo de 360 días en los seis años anteriores a la situación de desempleo en el caso de las prestaciones contributivas, carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), tener más de 52 años en el caso de los subsidios.
Por eso, a finales del pasado año, 1.835.927 personas cobraban algún tipo de prestación por la situación de desempleo, sólo 2.272 menos que en el mes de diciembre de 2022. Había 1.746 desempleados más que tenían derecho a la prestación contributiva, pero 33.530 menos para percibir algún tipo de subsidio y otros 3.488 menos que podían cobrar la renta activa de inserción.
El problema es que, mientras a lo largo del año 2022 el gasto total en prestaciones por desempleo ascendió a 20.786 millones de euros, el pasado año, con menos parados, la factura ascendió a 22.131 millones. Las prestaciones contributivas, con un aumento de perceptores de apenas 1.746 personas, costaron 14.596 millones de euros, 964 millones más que en 2022. Las prestaciones asistenciales (subsidio de desempleo más el subsidio agrario, restringido a Andalucía y Extremadura), 6.414 millones, 420 millones más que en 2022, a pesar de haberse reducido la cifra en 33.530 personas. El gasto de la renta activa de inserción se situó en 567 millones de euros, 39 millones menos que en 2022.
¿Qué ha sucedido?
Por un lado, que la tasa de cobertura subió en 3,5 puntos porcentuales, desde el 68,7% de diciembre de 2022 al 72,2% de finales del pasado año. La tasa de cobertura, para el SEPE, es el cociente entre el total de beneficiarios de prestaciones, incluidos los del subsidio agrario, y el número de parados con experiencia laboral (ahí está la diferencia) más los beneficiarios del subsidio agrario.
Además, desde el 1 de enero de 2023, la prestación volvió a tener una cuantía del 60% de la base reguladora a partir del día 181 (Rajoy la redujo al 50%), lo que se ha traducido en un aumento medio de 100 euros mensuales; el IPREM se ha incrementado a 600 euros mensuales y el subsidio de desempleo, hasta los 480 euros, entre otras mejoras. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, dijo en su comparecencia ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados en octubre de 2022, al informar sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2023, que el gasto en prestaciones se reduciría en 1.192 millones de euros.
Nada que ver con la realidad.
