Todo ello nos dirige hacia una nueva prórroga presupuestaria –la segunda consecutiva- a la que Moncloa lleva días restando importancia. Al menos tres ministros han minimizado hasta ahora el impacto que tendría extender de nuevo las Cuentas de 2023 a lo largo del año. «No impide gobernar», dijo el titular de Transportes, Óscar Puentes. Es más, la prórroga podría ser el mayor aliado de las cuentas públicas. Renunciar a las nuevas invalida el techo de gasto proyectado hace meses, de 195.353 millones de euros, sin contar las transferencias de los fondos europeos. La cifra se sitúa muy por encima de los 173.065 millones que las Cuentas vigentes desde hace dos años establecen como tope, por lo que dilatarlas otros doce meses conllevaría un ahorro de más de 22.200 millones de euros en las proyecciones de gasto.
Además, el menor límite de gasto ayudaría a España a apuntalar el cumplimiento de las reglas europeas. Pese a ello, el Gobierno no da la batalla por perdida. Los de Sánchez buscarán salvar sus relaciones con Junts, que exige a los socialistas una reunión urgente en Suiza. El PSOE acudirá al encuentro para el que todavía no hay fecha. De momento Ferraz no ha adelantado la identidad de las personas que acudirán a la reunión, o si será el presidente Sánchez será quien la lidere la delegación.
Lo cierto, es que una nueva y definitiva prórroga presupuestaria –más allá de efectos contables- supondría un serio revés político para Sánchez. El presidente se vería obligado a extender unas Cuentas que proceden de la legislatura anterior, admitiendo –por segundo año consecutivo-que no cuenta con la mayoría parlamentaria suficiente como para impulsar el principal proyecto de ley.
A este contexto se suma el tercero en discordia. Sumar -socio de coalición que caería con Sánchez- busca asumir el papel de mediador. El partido trató ayer de desdramatizar la situación y se mostró convencido de la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita desatascar los Presupuestos de 2025. «Todavía estamos a tiempo», afirman fuentes de Sumar. La dirección del grupo considera vital mantener el apoyo puntual de los de Carles Puigdemont, dado que hay varias leyes clave que necesitan ser aprobadas en el Congreso. Entre ellas, se encuentra la reducción de la jornada laboral, que Yolanda Díaz quiere tramitar de forma urgente, y llevarla al Consejo de Ministros del próximo 4 de febrero, con el objetivo de que sea aprobado antes de final de año y que empiece a ser efectiva el 1 de enero de 2026.
