En ese documento, el organismo fiscalizador explicaba que buena parte de la deuda de la Seguridad Social se genera a través de préstamos concedidos por el Estado, algunos prorrogables o directamente sin plazo de reembolso.
Por ejemplo, en 2022 se concedió un préstamo a la Tesorería General de la Seguridad Social por valor de 6.981,6 millones de euros. El Tribunal también advertía en su informe que algunos de esos préstamos están pendientes de amortización desde los años 90. Con este escenario, las principales formaciones políticas del país coinciden en atajar el problema. Tanto PSOE como PP instan al Gobierno a resolver la situación de endeudamiento de la Seguridad Social frente al Estado, especialmente la de los préstamos y deudas pendientes de amortización desde la década de los años 90.
También lo pide Vox en su propuesta de resolución, donde reclama que el problema se resuelva con medidas aprobadas «en el seno del Consejo de Ministros». Del lado de Sumar, el grupo plurinacional plantea atajar la concesión de préstamos para solventar las situaciones de crisis del sistema, que ya se ha convertido en una medida coyuntural «que no ha resuelto las dificultades de financiación de naturaleza estructural que adolece el sistema, situándolo además en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado».
Asimismo, el grupo plurinacional propone que se aborde una solución para la compensación y amortización de las obligaciones y derechos recíprocos entre la Administración y las entidades del sistema de la Seguridad Social.
Otro de los apuntes que dejó el Tribunal de Cuentas en su informe es que el Fondo de Reserva, conocido popularmente como ‘hucha de las pensiones’, pase a formar parte del patrimonio de la Seguridad Social en términos de contabilidad. A este respecto, el PP ha registrado una propuesta de resolución con la que insta al Ejecutivo a incluir el Fondo de Reserva en el patrimonio neto de la Tesorería General de la Seguridad Social.
