En un escrito registrado por el Ministerio Público, el fiscal asignado al recurso, jefe del TC, el veterano Pedro Crespo, se opone a retirar provisionalmente la medida activada por el instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena, que le impide regresar a España sin ser detenido. Así se ha pronunciado Crespo, en un escrito, para descartar las razones por las que Puigdemont alegaba que la medida cautelar que pesa sobre él supone «una afectación inmediata y de imposible reparación del derecho fundamental a la libertad», «además del derecho a la participación política al tratarse de un parlamentario electo».
Crespo sostiene que no es competencia del Constitucional «en este trámite» cuestionar la orden de detención dictada por Llarena, «más allá del análisis, precisamente, de la efectiva concurrencia de un riesgo de fuga -aquí pública y notoriamente consumada- que le sirva de suficiente motivación».
Sin embargo, Crespo razona que se trata solo de «una hipotética afectación de su derecho a la libertad cuya efectiva, y en todo caso futura, realización depende además en buena medida, como notoriamente ha quedado acreditado a lo largo de los años, de su propia voluntad, por más que su argumentación pretenda desenfocar o invertir la realidad jurídica de su situación». Al hilo, le reprocha que pretenda presentar «como una coacción que le impide entrar en territorio nacional lo que, en términos jurídicos, no es más que el fruto de su propio temor -no susceptible de tutela cautelar- a ser privado de libertad en virtud de una resolución judicial que a su vez es consecuencia de su propia conducta procesal, concretada en la decisión de eludir la acción del tribunal que la adoptó».
«Nada hay en consecuencia que restablecer en el plano de la libertad personal del actor, que disfruta de ella en tanto se mantiene voluntariamente fuera del radio de acción de la Justicia española», resuelve el fiscal. Crespo ya se pronunció en la misma línea respecto al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, al negarse igualmente a que se le levantara de forma cautelar la pena de inhabilitación, única que tiene vigente tras los indultos a los líderes del procés. En su caso, Fiscalía alegó que supondría anticipar el fallo del TC.
El Constitucional rechazó resolver inmediatamente la medida cautelar de Puigdemont, acordando estudiarla, al igual que con Junqueras, en piezas separadas dentro del trámite de sus respectivos recursos de amparo.
