Este lunes se reúne la comisión mixta Estado–Generalitat, un primer paso que dará pie a la presentación de una proposición de ley conjunta de ERC y el PSOE para reformar la Ley Orgánica de Financiación de la Comunidades Autónomas (LOFCA). Sin embargo, la tramitación de esta ley no tiene garantizado un camino de rosas.
Más allá de las reticencias de Compromís –procedente de la Comunidad Valenciana, que tiene un grave problema de infrafinanciación–, hay dos aspectos que embarran la tramitación legislativa. Por un lado, la oposición de dos de las tres comunidades gobernadas por el PSOE que actualmente están dentro del régimen común de financiación: Castilla-La Mancha y Asturias. Si Sánchez no estuviera en una situación política tan extremadamente débil, la oposición de estas comunidades sería prácticamente anecdótica. Sin embargo, en el contexto político actual, con la sensación de que el sanchismo toca a su fin, desde las propias filas socialistas se busca desmarcarse de las decisiones de Sánchez, para poder seguir en política una vez el actual líder socialista ya no esté ni al frente del PSOE ni del gobierno.
El Gobierno cree que puede asumir el desmarque de las comunidades gobernadas por su partido, pero sí están preocupados por la actitud de Junts, dado que Sánchez ve la tramitación de la reforma de la LOFCA como una oportunidad de que se visualice en el Congreso de los Diputados que la mayoría de la investidura se mantiene en pie.
Mientras, los de Puigdemont, por su parte, ven con recelo que el protagonismo de esta medida, que se pactó hace 11 meses con ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Illa como presidente de la Generalitat, recaiga en el partido de Rufián y Junqueras. No son pocos los dirigentes de Junts que creen que es mejor entorpecer el proceso de tramitación de la reforma de la LOFCA para que sean ellos los que puedan pactar dicha reforma con un futuro gobierno, en este caso, del PP.
Y en ese contexto, el líder del PP, de visita en Barcelona este viernes, quiso hurgar en la herida entre Junts y el PSOE. Así, dijo que «sé que Cataluña necesita más financiación y la tendrá».
Las dudas sobre el futuro de la reforma de la financiación no han frenado a la Generalitat, que ya hace tiempo que viene dando pasos para que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) tenga los recursos para poder actuar como entidad soberana. La previsión es que en 2026 la ATC recaude el IRPF integralmente, y gestione la matriculación de vehículos y el IVA de las PYMES. Para lograrlo ya ha lanzado una oferta pública de empleo para contratar a 200 personas y alcanzar así una plantilla de 1.080 efectivos.
