En un escrito que su defensa, dirigida por Gonzalo Boye, ha dirigido al TC este lunes, piden «la suspensión inmediata de las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión» de Puigdemont, mientras se estudia el recurso de amparo presentado contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al expresidente de la Generalitat.
En el texto, Puigdemont se adhiere a la petición de suspensión cautelar presentada también por Toni Comín, y se apoya en que tanto el TC como Spielmann han avalado la medida de gracia, este último en sus líneas generales, pese a advertir varias vulneraciones de la Ley de Amnistía en materia de Derecho procesal comunitario.
El escrito presentado por la defensa de Puigdemont dibuja a Spielmann como una «autoridad interpretativa indiscutible» y señala que su aval aleja la posibilidad de que los tribunales nacionales «invoquen dudas europeas». «Este pronunciamiento, unido a la declaración de constitucionalidad de la amnistía, elimina cualquier fundamento jurídico para mantener viva una orden de detención mientras se tramita el amparo», advierte Boye.
Según el abogado del líder independentista prófugo en Waterloo, la amnistía abarca «todas las actuaciones» vinculadas al procés, y considera que debe ser «plenamente eficaz y aplicable» durante la tramitación del recurso de amparo para «evitar daños irreparables». «No existe –abunda Boye– duda jurídica razonable que justifique la persistencia de órdenes de detención en un escenario en el que tanto el derecho nacional como el europeo avalan la eficacia inmediata de la amnistía». Boye destaca que una hipotética detención de Puigemont «produciría un perjuicio irreparable», y señala que «una eventual sentencia estimatoria no podría reparar plenamente los efectos de una privación de libertad ejecutada antes de resolver el fondo del recurso».
Y en relación a la estancia de Puigdemont en Waterloo durante estos últimos años, señala que se debe a unas órdenes de detención «cuya validez ha sido jurídicamente desactivada por la ley orgánica de amnistía y confirmada tanto por el Constitucional como por el estándar europeo». Mantenerlas, argumenta Boye, «supondría un sacrificio desproporcionado e innecesario, incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia».
Además, recuerda que las resoluciones contra las que han pedido amparo Puigdemont y Comín provienen del Tribunal Supremo que, según dictó el TJUE en enero de 2023, no es el juez predeterminado por la ley para conocer este caso.
