Tanto el expresidente de la Generalitat como su jefe de gabinete, Alay, y su abogado, Boye –que también estuvieron imputados en la causa que indagó en la supuesta injerencia del Kremlin en el desafío independentista en Cataluña en 2017– tienen intención de plantear una demanda de reclamación y responsabilidad patrimonial en vía contencioso-administrativa contra la Administración del Estado por lo que consideran un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
El líder independentista tendrá que plantear, en primer lugar, sus pretensiones ante el Ministerio de Justicia, y solo tras la negativa de este (o el mero silencio administrativo) tendrá vía libre para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para formalizar esa demanda.
La investigación de la «trama rusa» del «procés» –en la que el juez vio indicios de la supuesta comisión de un delito de alta traición que habría dejado a Puigdemont al margen de la amnistía– estuvo salpicada de quejas contra el instructor, tanto del líder independentista como de su jefe de gabinete. Hasta el punto de que el líder de Junts llegó a querellarse por prevaricación y malversación contra el magistrado, acusándole de «torcer el derecho» y vulnerar sus derechos fundamentales y causarles indefensión en una actuación que calificaron de «bochorno para el conjunto de la Administración de Justicia». Según el juez Aguirre, Puigdemont estaba –junto al también expresidente de la Generalitat Artur Mas– en la cúspide de una «estructura piramidal» cuyo objetivo era establecer contactos con «elementos de injerencia rusa a espaldas del Estado español». Y situaba, «en un segundo peldaño», a Alay y Boye, encargados de desarrollar una «labor intelectual y de planificación» de esa supuesta estrategia dirigida a contactar con el Kremlin «para granjearse el reconocimiento de Rusia a una eventual República catalana».
