El director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, de la Rocha, mano derecha en asuntos económicos de Pedro Sánchez, convocó a Ángel Escribano en Moncloa a una reunión en la que quería forzar la salida del presidente de Indra. Sin embargo, Escribano se reafirmó en su puesto y se negó a dimitir, poniendo en valor su gestión al frente la compañía.
Esta postura, frena toda la operativa de Moncloa que pasa por descabalgar a Escribano y entrar a saco en Indra para adaptarla a los deseos de Sánchez y trasformar su cúpula y su consejo según estos designios en los que el propio Gobierno es el primer cliente.
De cualquier forma, la toma de posición del empresario no deja de tener una componente muy alta de riesgo. Como se sabe ya que la propia empresa de los hermanos depende también del caprichosa comportamiento del Gobierno, de sus adjudicaciones en Defensa, como los contratos de artillería por 7.240 millones, o la ñparticipacion en Tess Defence, responsable del vehículo blindado 8×8 Dragón, o las colaboraciones en programas como el sistema de proyección anfibia Vacim o en sistemas antridrón.
Claves del conflicto entre el Gobierno y los Escribano en Indra
• El choque surge por un conflicto de intereses: el presidente de Indra, Ángel Escribano, es también propietario de EM&E, la empresa familiar que pretendía fusionarse con Indra.
• La operación fue inicialmente apoyada por el Gobierno, que busca consolidar a Indra como líder nacional en Defensa, y veía la fusión como un paso estratégico.
• El Gobierno, a través de la SEPI, intervino al detectar problemas por el conflicto de intereses, exigiendo medidas para garantizar transparencia y equidad en el proceso.
• La tensión interna y la aparición de nuevos actores, como el fondo Third Point, aumentaron la presión sobre la operación.
• Finalmente, EM&E se retiró de las negociaciones, lo que permitió a Escribano continuar al frente de Indra, aunque la compañía sufrió una fuerte caída bursátil.
• La resolución del conflicto queda ahora en manos del Gobierno, que debe decidir cómo actuar frente al movimiento de los Escribano.
En resumen, el caso ejemplifica cómo los intereses personales y familiares pueden afectar la gobernanza de compañías estratégicas, especialmente cuando el Estado es accionista y busca mantener el control en sectores clave como la Defensa.
