La Unión Europea alcanzó de madrugada un acuerdo clave para financiar a Ucrania durante los próximos dos años con un total de 90.000 millones de euros. Tras una larguísima sesión de negociaciones que se prolongó hasta pasadas las tres de la mañana, los Veintisiete pactaron recurrir de forma temporal a un préstamo basado en deuda conjunta, garantizado con el presupuesto comunitario. De momento, los activos rusos congelados en la UE no se tocarán. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, fue el encargado de anunciar el acuerdo a través de las redes sociales. Una decisión que llega en un momento crítico para Kiev. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presente en Bruselas, había urgido horas antes a los líderes europeos a no retrasar más la decisión, advirtiendo de que su país se jugaba «el ser o no ser» en una guerra que se acerca ya a su cuarto año. Zelenski abordó la cuestión directamente con el presidente del Gobierno español, quien celebró el acuerdo alcanzado durante la madrugada.
El consenso no ha sido sencillo. Uno de los principales puntos de fricción ha sido el uso de los activos del Banco Central de Rusia congelados en la UE, que ascienden a unos 165.000 millones de euros. Bélgica se había opuesto de forma clara a recurrir a estos fondos, por temor a posibles represalias de Moscú, dado que la mayor parte de esos activos están depositados en una entidad con sede en Bruselas. El primer ministro belga, Bart de Wever, se mostraba esta madrugada «muy satisfecho» con el desenlace: los activos seguirán inmovilizados, a la espera de que se determine cómo y cuándo Rusia, como potencia agresora, debe asumir el pago por los daños causados en Ucrania. A la posición belga se sumó también el rechazo del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que considera este tipo de ayuda una pérdida de dinero. Pese a ello, su oposición no ha impedido que el préstamo de urgencia para Kiev salga adelante.
Paralelamente, la cumbre ha dejado otro asunto relevante en suspenso: el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pretendía firmar este mismo sábado en Brasil, tendrá que esperar al menos hasta comienzos del próximo año. El rechazo frontal de Francia, las reticencias de Italia —con Giorgia Meloni pidiendo más tiempo para estudiar el texto— y un clima de fuerte contestación social en el sector agrario han forzado el aplazamiento. Este jueves, agricultores de distintos países protagonizaron una nueva tractorada en Bruselas, protestando tanto contra el acuerdo con Mercosur como contra los recortes de la Política Agraria Común (PAC). Ha sido de nuevo António Costa quien ha confirmado que la UE no firmará el pacto comercial antes de enero. El Gobierno español, favorable al acuerdo con Mercosur, ha restado importancia al retraso. El propio Pedro Sánchez ha subrayado que se trata de un aplazamiento técnico y no de una renuncia política, insistiendo en la importancia estratégica del acuerdo para la economía europea y, en particular, para España
