«Se prevé que la economía pierda algo de fuerza a medida que se desvanezca el impulso de recuperación posterior a la pandemia, los tipos de interés más altos comiencen a afectar más y el entorno internacional empeore», comentan estos expertos. Sin embargo, también creen que el consumo privado «seguirá respaldado por la mejora de los salarios reales y la seguridad laboral».
Y, por ello, dicen, «actualmente no esperamos que la economía española entre en recesión, sino que proyectamos varios trimestres de crecimiento muy débil», resaltan. En general, explican los analistas del banco holandés, con tasas de crecimiento de alrededor del 2% anual durante los próximos años, «se prevé que el crecimiento siga siendo decente y más alto que en muchos pares de la zona euro debido a una variedad de razones». Opinan, además, que pese a que el resultado de las elecciones generales del pasado 23 de julio no es concluyente, «probablemente cambiará poco a corto plazo, para bien o para mal». Aunque avisan: «Esto no es lo mismo que decir que el resultado de las elecciones no tendrá un impacto». Porque sí lo tendrá.
Y es que, destacan, como ya han hecho en anteriores informes, «la inercia política durante la probable formación prolongada de un gobierno, y posiblemente incluso una repetición de las elecciones, impide que se aborden desafíos como el alto desempleo estructural y la debilidad de las finanzas públicas». Y, destacan, «también podría retrasar el progreso de las reformas y los proyectos de inversión necesarios para recibir subvenciones del Fondo de Recuperación de la UE (RRF)».
Desde Rabobank recuerdan que el RRF «es uno de los impulsores del rendimiento superior de España en comparación con sus pares de la zona del euro en los próximos años», por lo que no es una cuestión baladí. «Ya esperamos que España, al igual que otros grandes receptores, no pueda cobrar todas las subvenciones a las que tiene derecho antes de que finalice el plan en 2026, independientemente de quién esté en el próximo gobierno, pero cuanto más tiempo tome que un nuevo gobierno preste juramento, mayor es el riesgo y el posible déficit», afirman los estrategas de la entidad.
Asimismo, apuntan, incluso aunque ninguno de los posibles gobiernos alterara inmediatamente la perspectiva a corto plazo de la economía, «un gobierno diferente» al actual «conduciría a una sociedad diferente con implicaciones más adelante».
En concreto, destacan que un gobierno de derechas, formado por PP y Vox, «implicaría una política familiar más conservadora, menor progresividad fiscal y menor gasto social». Sin embargo, «el PP preferiría no recortar drásticamente los servicios públicos y continuar el diálogo con los interlocutores sociales y las empresas sobre el establecimiento de un salario mínimo adecuado y vigilar de cerca la sostenibilidad de la deuda». Y en cuanto a las políticas climáticas, creen que con este gobierno «probablemente se priorizaría la seguridad energética –incluido el uso de la nuclear– sobre la reducción de emisiones, la lucha contra el cambio climático y el medio ambiente».
No obstante, estos analistas reconocen que pese a que el PP ganó las elecciones, tiene complicado gobernar porque ni siquiera con Vox le dan los números para sumar los escaños suficientes que le aseguren la investidura a su líder, Alberto Núñez Feijóo. Y ante el mismo problema están PSOE y Sumar. Un gobierno de izquierdas liderado por el socialista Pedro Sánchez tiene, a priori, «mayor probabilidad de éxito», aunque lo cierto es que necesitaría el apoyo de los partidos regionales, «con deseos a veces de gran alcance de más autonomía o incluso independencia».
Un gobierno de izquierdas, destaca Rabobank, «pondría la lucha contra el cambio climático y la transición energética en el centro de la formulación de políticas», al contrario que uno de derechas. También continuaría con «estrictas políticas de agua» en áreas secas, limitando el uso de agua por parte de los agricultores para riego. «Es probable que su política económica también sea en gran medida una continuación de la política actual, con un fuerte énfasis en los servicios públicos vulnerables y los hogares de bajos ingresos». Sobre todo, porque tanto el PSOE como Sumar han prometido revaluar las pensiones en línea con la inflación, cueste lo que cueste, subir los salarios mínimos y ofrecer ayuda económica a los estudiantes. «Es probable que el gobierno intente cubrir los costes aumentando los impuestos a los hogares ricos y de altos ingresos y a las grandes empresas», comentan los expertos de Rabobank. Creen que «podría convertir en permanente el impuesto temporal sobre grandes patrimonios» introducido este año e intentar elevar el tipo impositivo efectivo que pagan las empresas.
«En general, parece que un gobierno de izquierdas sería menos favorable a las empresas que uno de derechas», remarcan, aunque destacan también que «el grado de hostilidad dependerá en gran medida de si el PSOE puede seguir su propia ideología o tiene que adherirse a la de Sumar, al que claramente le preocupa menos crear un clima favorable a los negocios». En cuanto a la macro, estos expertos opinan que un gobierno de izquierdas tendría «difícil» poder «ajustarse el cinturón» para reducir el déficit y la deuda. Algo que puede ser un problema, ya que los estrategas del banco creen que «será necesaria una política fiscal más restrictiva tanto para cumplir con las reglas presupuestarias europeas que se restablecerán el próximo año como para evitar que el índice de deuda aumente en la segunda mitad de esta década».
Además, estos expertos señalan que a pesar de que la pertenencia a la zona del euro no es un problema en España, el resultado de las negociaciones para formar gobierno «es importante para los Veintisiete, ya que España ocupa la presidencia de la UE hasta finales de año». «Una formación prolongada podría retrasar las negociaciones actuales sobre la reforma de las normas presupuestarias europeas, ya que los políticos y funcionarios públicos españoles pueden verse obligados a dedicar más tiempo a cuestiones de política interna que a la de la UE», afirman.
Es más, remarcan que uno de los objetivos formulados por la presidencia española es «acelerar la transición energética», pero la visión de un gobierno de derechas en este sentido difiere de la del actual gobierno de izquierdas, lo que «también podría frustrar la consecución de acuerdos y la formulación de políticas en este frente en la UE».